El exdiputado y abogado sostuvo que el Gobierno, la Asamblea y el Órgano Judicial tienen ahora la posibilidad de impulsar una transformación del sistema de justicia y recuperar la ética en la función pública.

El exministro, expresidente de la Cámara de Diputados y abogado Guido Áñez afirmó que la investigación contra el fiscal general Roger Mariaca y otros funcionarios del Ministerio Público debe convertirse en un punto de partida para cambiar el sistema de justicia y recuperar la ética en el ejercicio de la función pública.
Áñez sostuvo que el Ministerio Público acumuló durante los últimos años un poder que, a su criterio, terminó convirtiéndose en un mecanismo de presión sobre los ciudadanos. “El Ministerio Público se ha convertido en lo que fueron los paramilitares en las dictaduras militares en Bolivia”, afirmó.
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El abogado consideró que la situación actual representa una oportunidad para que los distintos órganos del Estado impulsen una reforma de la Justicia.
“Esta es la gran oportunidad que tiene el gobierno, el parlamento y el mismo Poder Judicial, la gente honesta del Poder Judicial, porque sí creo que hay de cambiar la justicia”, sostuvo.
Su planteamiento parte de una crítica más amplia al funcionamiento del Ministerio Público. Áñez afirmó que durante los últimos años hubo ciudadanos que fueron víctimas de extorsión, calumnias y acusaciones falsas y sostuvo que quienes enfrentan un proceso fiscal pueden terminar siendo tratados como ‘clientes’ en lugar de personas sometidas a un procedimiento judicial.

“Hay gente que indudablemente ha sido víctima del Ministerio Público durante los últimos años y ha seguido siendo víctima durante los últimos años, ha sido víctima de extorsión, víctima de calumnias, ha sido víctima de acusaciones falsas”, manifestó.
Áñez vinculó esta situación con la necesidad de recuperar la ética pública y dejar atrás lo que calificó como “esta noche oscura que hemos tenido los últimos años”, en referencia al funcionamiento del Ministerio Público.
El exlegislador también diferenció entre la posición que puede asumir la defensa jurídica de Mariaca y la discusión sobre una reforma estructural de la Justicia. Señaló que entiende que el abogado defensor debe aferrarse a la normativa para cuestionar el procedimiento seguido contra su cliente, pero sostuvo que, desde una perspectiva política e institucional, el país necesita aprovechar la coyuntura para modificar el sistema.
“Lo otro son cuestiones de defensa. Indudablemente él se tiene que aferrar a la letra muerta de la ley. Yo me aferro a las razones de Estado que indudablemente hacen que Bolivia necesita un cambio de la justicia para poder seguir adelante”, afirmó.
Las declaraciones de Áñez se producen mientras la Asamblea Legislativa analiza la situación generada por la aprehensión de Mariaca y debe resolver las medidas institucionales que correspondan respecto a la conducción del Ministerio Público.