La norma busca imponer castigos a quienes acaten la medida de presión y a las autoridades que no den solución oportiuna a los conflictos.
En esta jornada se debatirá el informe final sobre el proyecto de Ley Antibloqueo, cuyo objetivo es garantizar el derecho al trabajo, la salud, la educación y la libre circulación, una norma que busca establecer sanciones para los que bloquean y para las autoridades que no resuelvan los conflictos a tiempo.
«Garantizar el libre tránsito consiste en garantizar el trabajo, el acceso de los enfermos a la salud, que ningún servicio se vea entorpecido ni perjudicado. Estamos pidiendo que se mida con la misma vara al que bloquea y al gobernante que no soluciona el conflicto», indicó el diputado del PDC Manolo Rojas, quien es presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja.
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El legislador explicó que la norma «agrava el tipo penal de incumplimiento de deberes en dos tercios cuando una autoridad no pueda resolver un conflicto» e impone hasta 10 años de cárcel para quien organiza bloqueos y usa armas para aplicar sus medidas de presión.
«La pena máxima alcanza los 10 años cuando se utiliza violencia, explosivos y armas, la mínima son tres años. La pena llega a cinco años para las autoridades, se tienen que manejar con mucho cuidado para solucionar los conflictos», sostuvo Rojas.
El informe de la norma será tratado en la comisión, si cuenta con aprobación luego deberá ser debatida por el pleno de la Cámara de Diputados y seguir el conducto regular.