El proyecto de ley que pasó de Diputados al Senado establece un plazo de cinco años para reclamar la devolución de los depósitos judiciales, que comenzará a correr desde que la resolución que autorice su reembolso quede ejecutoriada.
Por: eju.tv / Video. TSJ
La Cámara de Diputados aprobó el jueves, con modificaciones, el Proyecto de Ley 438/2025-2026 sobre la prescripción, la declaración y la consolidación de depósitos judiciales abandonados o no reclamados.
Asimismo, la iniciativa del Órgano Judicial establece su transferencia y administración en favor del Órgano Judicial.
El proyecto de ley establece un plazo de cinco años para reclamar la devolución de los depósitos judiciales, que comenzará a correr desde que la resolución que autorice su reembolso quede ejecutoriada.
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Cumplido ese plazo sin que exista un reclamo, el Órgano Judicial publicará el listado de los depósitos en dos oportunidades con intervalos de cinco días y otorgará otros un mes para que las personas con interés legítimo puedan solicitar su devolución. Si no se presenta ninguna reclamación válida, el depósito será declarado prescrito y se consolidará en favor del Órgano Judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, explicó que la nueva ley permitirá disponer inicialmente de cerca de Bs 300 millones, que serán destinados a fortalecer el funcionamiento del Órgano Judicial.
La autoridad aclaró en la red UNO que «no es para subirnos los sueldos, no es para ganar más, es para tener herramientas tecnológicas» y remarcó que «se destinarán a tres áreas: tecnología, apoyo jurisdiccional e infraestructura en todo el país».
Indicó que el plan ya se aplica en una versión piloto en Chuquisaca, donde se transmiten audiencias y se trabaja en la actualización tecnológica, pero no llegó a otros departamentos debido a la falta de recursos y las limitaciones del servidor informático nacional.
La autoridad sostuvo que el plan de digitalización también contribuirá a combatir la corrupción. “Es una de las maneras de luchar contra la corrupción y de transparentar la administración de justicia», sostuvo.
Norma
La propuesta normativa excluye los depósitos judiciales vinculados a derechos protegidos, así como aquellos cuyo régimen de prescripción, administración, devolución o extinción se encuentre establecido por la Constitución Política del Estado o por una ley especial.
Saucedo dijo en el pleno de Diputados que actualmente hay depósitos no utilizados en las arcas del Órgano Judicial y que los recursos económicos serán destinados al uso de herramientas tecnológicas, el descongestionamiento de causas y la mejora de infraestructura.
Explicó que con un análisis realizado hasta la gestión 2021, se estima que se cuenta con cerca de Bs 1.000 millones por depósitos judiciales. De ese total, sólo cerca de Bs 300 millones estarían disponibles para su transferencia al Órgano Judicial, lo que equivale a una cuarta parte de su presupuesto