Transporte pesado pide a la Asamblea aprobar normas contra el contrabando y los bloqueos


Dirigentes del sector solicitaron a la Asamblea Legislativa agilizar el tratamiento de normas contra el contrabando de combustible y una ley antibloqueo, con el objetivo de evitar perjuicios económicos.

 

eju.tv / Video: Cadena A



El dirigente del transporte pesado Domingo Ramos pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) agilizar el tratamiento y la aprobación de normas contra el contrabando de combustible, prinicipalmente gasolina, así como dar celeridad a una ley antibloqueo para evitar nuevas medidas de presión que afecten la economía nacional.

«Todo nuestro sector está en una crisis económica debido a los bloqueos que ha promovido el anterior Gobierno, durante los cuales hemos sido perjudicados por 165 días. En este Gobierno, de la misma forma, hemos sido perjudicados durante 53 días. Estos vándalos deben responder ante la justicia boliviana», manifestó el dirigente.

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Afirmó que por ejemplo su sector atraviesa una grave crisis económica, agravada por los bloqueos registrados durante el anterior Gobierno y la actual administración. También solicita al Gobierno la abrogación del proyecto de ley de contrabando contravencional, al considerar que esta normativa perjudica al transporte pesado.

«Este sector pide a su autoridad (Rodrigo Paz) que, de una vez, se pueda abrogar el proyecto de ley de contrabando contravencional, que también hace daño al sector del transporte pesado», expresó.

En ese contexto, el dirigente cuestionó además la falta de procesamiento de los responsables por la presunta comercialización de combustible de mala calidad y mencionó denuncias relacionadas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos.

Por otra parte, el sector manifestó su respaldo a las medidas contra los bloqueos y solicitó que el Legislativo dé la misma prioridad al tratamiento de una ley antibloqueo, con el propósito de evitar que nuevas protestas y conflictos sociales vuelvan a generar pérdidas económicas y afectaciones a las actividades productivas y al transporte en Bolivia.