Johnny Nogales Viruez
Chile todavía no demuestra las cien toneladas de droga que anunció, pero ya destruyó al menos gran parte de la madera con la que debía probarlas.
El caso dejó de ser una controversia entre una fiscalía y un grupo de exportadores. Compromete el derecho de Bolivia a conocer la verdad sobre una acusación que dañó su nombre, cerró mercados y puso bajo sospecha a toda su producción forestal.
El 8 de junio, autoridades chilenas informaron que 1.080,8 toneladas de madera procedente de Bolivia contenían sustancias ilícitas. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota sostuvo que la droga representaba entre el 10 y el 20 por ciento de cada carga. De esa estimación surgió la estremecedora cifra de más de cien toneladas.
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No fue la declaración aislada de un funcionario. La respaldaron el fiscal nacional y el ministro de Seguridad Pública de Chile, junto con representantes de la Armada y Aduanas. La noticia recorrió el mundo con el sello de credibilidad que otorga un Estado.
Desde entonces, la madera boliviana dejó de ser vista únicamente como un producto de exportación. Se convirtió en sospechosa. Las empresas perdieron clientes y operaciones construidas durante años quedaron paralizadas.
Los informes conocidos después no sostienen la magnitud de la acusación. El Instituto de Salud Pública de Chile asegura haber detectado cocaína, ketamina y otras sustancias en numerosas muestras. Sin embargo, los documentos examinados hablan de trazas o de concentraciones muy inferiores al porcentaje anunciado originalmente.
Una traza significa que se detectó un rastro. No establece por sí sola cuánto había en el cargamento ni demuestra que toda la madera hubiera sido impregnada. Mucho menos permite convertir un hallazgo microscópico en cien toneladas de droga.
Ante esas inconsistencias, los exportadores contrataron a dos especialistas. James Craig Kuykendall trabajó 31 años en la DEA y dirigió su oficina en Chile. Scott Richard Oulton fue químico forense de la misma agencia durante 36 años y llegó a desempeñar funciones directivas.
Kuykendall observó que dos métodos utilizados inicialmente no detectaron cocaína, mientras otro identificó distintas sustancias. Preguntó cómo se calcularon las cantidades anunciadas y por qué una operación de semejante magnitud no produjo detenidos ni permitió identificar una organización criminal.
Oulton sostuvo que la densidad de las especies exportadas impide impregnarlas, incluso mediante procedimientos de vacío. Consideró más probable que los rastros correspondieran a una contaminación superficial ocurrida durante la manipulación o el transporte.
El fiscal Mario Carrera respondió que la madera pasó por controles con perros, equipos utilizados en el lugar y análisis del Instituto de Salud Pública. Afirmó que esta entidad detectó droga en 44 contenedores. Pero tampoco explicó cuánto encontró ni cómo esos resultados permitieron anunciar más de cien toneladas.
Ésa es la pregunta que Chile todavía no responde. Ya no se discute sólo si algún instrumento detectó una sustancia. Se debe establecer qué cantidad existía, dónde estaba y cómo se calculó el volumen anunciado ante el mundo.
Si hubo delito, Bolivia debe ayudar a identificar a los responsables y sancionarlos. Pero no puede aceptar que se condene a todo un sector mediante una estimación que nadie consigue explicar.
Mientras crecían las dudas, comenzó la destrucción. Al menos seis contenedores fueron incinerados durante septiembre. El 21 de ese mes, la Fiscalía Regional pidió suspender temporalmente las quemas mientras se atendían diligencias solicitadas por la defensa. Sin embargo, el procedimiento se reinició el 28 de septiembre y continuó después.
Un recurso de protección presentado para detener las incineraciones fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Arica. Carrera afirmó posteriormente que el propio Ministerio Público había solicitado preservar la madera, pero que no existía una resolución judicial que obligara al Servicio de Salud a suspender la destrucción.
Si la Fiscalía consideraba necesario conservarla para nuevas diligencias, ¿por qué continuó desapareciendo la principal evidencia material?
El 8 de octubre se conoció una denuncia todavía más grave. El abogado chileno Daniel Guevara Cortés, representante de varias empresas bolivianas, afirmó que el Servicio de Salud de Arica había incinerado el cien por ciento de la madera almacenada en el puerto y en la zona extraportuaria.
Según Guevara, la destrucción se consumó pese a las comunicaciones de la Fiscalía del 21 y 22 de septiembre y antes de la audiencia fijada por el juez de garantía para el 20 de octubre. La convocatoria judicial no suspendía por sí sola el procedimiento, pero la eliminación de la carga puede dejar sin objeto cualquier decisión posterior destinada a preservarla o someterla a una verificación independiente.
Las autoridades chilenas todavía no han confirmado públicamente que toda la madera retenida en Arica haya sido destruida. Deben hacerlo. También deben informar qué cargamentos permanecen en San Antonio y Valparaíso, qué muestras fueron conservadas y si éstas permiten comprobar la cantidad y distribución de las sustancias.
No basta con responder que la legislación chilena manda destruir la droga incautada y sus contenedores. Antes debe existir la certeza de que aquello que se quema es realmente lo que se anunció. La muestra conservada debe servir para comprobar la acusación, no únicamente para justificar la destrucción.
Una comisión de ocho senadores bolivianos viajó a Arica y se reunió con autoridades chilenas. Su informe preliminar sostiene que las pruebas exhibidas no respaldan la cantidad proclamada y que no pudieron comprobar físicamente la existencia de las supuestas toneladas de droga.
El informe parlamentario muestra que Chile no consiguió explicar a una delegación oficial boliviana cómo pasó de resultados diferentes y cantidades mínimas a anunciar más de cien toneladas de droga impregnada.
El daño no alcanza únicamente a los propietarios. Detrás de cada empresa existe una cadena que comienza en el bosque y llega hasta los puertos. De ella dependen trabajadores, transportistas, pequeñas unidades productivas y miles de familias. Buena parte de la madera proviene de tierras manejadas por comunidades indígenas y campesinas.
Las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística muestran que, entre mayo y agosto, las exportaciones de madera y sus manufacturas cayeron un 60,9 por ciento respecto del mismo periodo de 2025. La disminución equivale a 12,5 millones de dólares. Las estimaciones empresariales son mayores porque incluyen la mercancía retenida, los contratos incumplidos y los mercados perdidos.
La Cámara Forestal llegó a recomendar que sus afiliados no vuelvan a exportar por Arica. Cuando un puerto amparado por el libre tránsito deja de ofrecer seguridad, el problema ya no pertenece solamente a las empresas afectadas. Se convierte en un asunto de Estado.
Bolivia atraviesa una escasez de divisas que no resolverá acumulando préstamos. Necesita producir y exportar. Dañar sin pruebas suficientes la reputación de uno de sus sectores productivos significa golpear una de las pocas vías reales para recuperar estabilidad.
El Gobierno boliviano no reaccionó oportunamente. Durante meses trató el problema como una investigación judicial chilena en la que no debía intervenir. Confundió el respeto a la independencia de la justicia con el abandono de su responsabilidad de defender los intereses nacionales.
Esa actitud comenzó a cambiar. El canciller Héctor Huanca planteó el caso a su homólogo chileno y ambos países acordaron convocar, dentro de los próximos treinta días, al Grupo de Trabajo sobre Libre Tránsito previsto en el marco del Tratado de 1904.
Chile tomó nota de la preocupación boliviana, pero no ofreció una respuesta sobre la cantidad de droga, las contrapericias ni la destrucción de los cargamentos.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, declaró después que Bolivia defenderá el prestigio de su industria forestal y exigió a la Fiscalía chilena una respuesta “clara y contundente”, sustentada en pruebas científicas.
La nueva posición es correcta, pero insuficiente. Esperar hasta que concluya una investigación sin plazo conocido no repara el daño ni explica por qué se destruyó la evidencia antes de esclarecer el caso.
Bolivia debe exigir un inventario certificado de los cargamentos eliminados y de los que todavía permanezcan en los puertos chilenos. Necesita acceder a los informes completos del Instituto de Salud Pública, conocer la cuantificación correspondiente a cada carga y verificar la cadena de custodia de las muestras conservadas.
También debe reclamar una comprobación científica independiente. Si toda la madera de Arica fue incinerada, corresponde preservar inmediatamente cualquier material existente en otros puertos. No se puede seguir esperando mientras desaparece aquello que permitiría establecer la verdad.
El asunto puede comprometer el Tratado de 1904. Su artículo VI reconoce a Bolivia, a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio y puertos chilenos.
Bolivia depende, para gran parte de su comercio, de puertos situados en antiguos territorios bolivianos y peruanos, incorporados por Chile como resultado de la Guerra del Pacífico. Precisamente por eso, cualquier actuación que afecte su libre tránsito exige el máximo rigor y una transparencia que hasta ahora no ha existido.
Ese derecho no impide controlar cargamentos ni perseguir delitos. Tampoco protege a quien utiliza el comercio para transportar droga. Pero obliga a que cualquier restricción sea aplicada con rigor y respeto al debido proceso.
La visita de José Antonio Kast, prevista para el 16 y 17 de octubre, no debe quedar reducida a ceremonias y declaraciones de amistad. El caso de la madera pondrá a prueba la voluntad de ambos gobiernos de construir una relación basada en el respeto.
Bolivia no debe concurrir a ese encuentro para pedir favores. Debe exigir respuestas. Si Chile demuestra que existió narcotráfico, nuestro país tendrá que cooperar sin reservas para castigar a los responsables. Si no puede demostrar la cantidad que anunció, deberá reconocer el daño y repararlo.
Combatamos al narcotráfico con toda la fuerza de la ley y con la convicción de que constituye uno de los mayores flagelos de la humanidad, pero sin sacrificar la verdad ni el debido proceso. Bolivia no pide impunidad para nadie; exige pruebas y respeto.
El fuego podrá consumir la madera, pero no puede convertir una acusación en prueba. Si Chile no demuestra lo que su fiscal afirmó, deberá reconocer su error y reparar el enorme perjuicio causado.