José Urioste fue elegido por 113 parlamentarios para sustituir a Roger Mariaca, más de los 2/3 que manda la CPE, fue un hecho relevante que en poco tiempo quedó empañado por temas de menor relevancia en el inicio de un proceso importantísimo para el fortalecimiento de nuestra democracia. La controversia sobre cómo llegó Urioste al cargo, quién lo recomendó, y qué dijo en sus primeras entrevistas, ha terminado ocupando un espacio desproporcionado en el debate público.
Es cierto que el nuevo fiscal general cometió imprudencias comunicacionales. Sus declaraciones dieron pie a críticas que pudieron haberse evitado, también otras autoridades alimentaron el morbo innecesariamente. Pero ¿qué sentido tiene convertir esas equivocaciones en el centro de la discusión?, cuando existen problemas institucionales mucho más urgentes.
Los 113 parlamentarios que lo eligieron tenían la responsabilidad de evaluar sus antecedentes antes de votar. La pregunta sobre cómo llegó el currículum vitae debió plantearse antes de, no después de. Una vez tomada la decisión, lo sensato es concederle el beneficio de la duda, sin renunciar al control institucional ni a la exigencia de resultados.
Urioste, por su parte, tiene que demostrar que está a la altura de la responsabilidad que asumió. No necesita ganar entrevistas ni alimentar controversias. Necesita actuar con independencia, investigar sin contemplaciones y contribuir a recuperar la credibilidad del Ministerio Público.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La discusión sobre su elección no debe quedar clausurada, pero tampoco puede desplazar lo verdaderamente importante. La Asamblea Legislativa Plurinacional debe fiscalizar; el Ministerio Público debe investigar dentro de sus competencias; y la justicia debe determinar las responsabilidades que correspondan.
Por una cuestión de coherencia política y consistencia institucional, la ALP debería ocuparse de conducir una fiscalización exhaustiva sobre la gestión de Mariaca. Los vínculos develados con el narcotráfico, el sometimiento de la fiscalía al poder político, la incautación de más de 12 millones de bolivianos, joyas encontradas en su oficina en Sucre, apropiación de vehículos secuestrados a terceras personas, configuran una muy apetecible agenda para acuciosos diputados y senadores que no teman meter las narices allá donde las cosas huelen muy mal.
Esa debería ser una de las prioridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
¿Y cómo hacerlo? No basta con declaraciones, entrevistas ni pronunciamientos políticos. La Asamblea dispone de instrumentos institucionales que deben utilizarse para esclarecer los hechos.
Una de las primeras iniciativas debería ser conformar una comisión legislativa de investigación que examine la gestión de Mariaca. Una comisión que recabe antecedentes solicite documentación, convoque a las autoridades que corresponda e identifique posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La Asamblea también debería utilizar sus mecanismos de petición de informes y fiscalización para exigir información documentada, establecer una cronología de los hechos y determinar si existieron fallas institucionales, omisiones o actuaciones que merezcan una investigación más profunda.
Las prioridades son claras: investigar la gestión de Mariaca, identificar las posibles redes de protección, sanear la institución y exigir resultados a la nueva autoridad.
Menos ruido y más investigación. Menos espectáculo y más institucionalidad.
Porque el desafío no consiste simplemente en sustituir a un fiscal general por otro. Consiste en impedir que las prácticas que condujeron al descrédito de la institución sobrevivan a quien dejó el cargo.
El tiempo de interinato concluirá más rápido de lo pensado, ya tendrán tiempo para fiscalizar a Urioste también, por ahora, definir prioridades.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado nacional.
