El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, indicó que este tema está referido a los impuestos departamentales para resolver la «asfixia fiscal».
Por: eju.tv / Video: BTV
En el marco de la reunión para concretar el modelo 50/50, el Gobierno y los gobernadores del país acordaron el lunes avanzar de manera conjunta en un proyecto de ley de coparticipación tributaria que se presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 6 de noviembre.
Sin embargo, también se acordó concluir el trabajo técnico para impulsar una modificación de la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos, con el propósito de ampliar las posibilidades de generación de ingresos propios de los gobiernos autónomos departamentales y contribuir a aliviar las restricciones financieras que enfrentan las regiones.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, indicó que este tema está referido a los impuestos departamentales para resolver la «asfixia fiscal».
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«Hemos acordado concluir el trabajo técnico para contar con un proyecto de ley que modifique la Ley 154, con el objetivo de ampliar los recursos propios de los gobiernos autónomos departamentales», dijo.
«Todo esto está referido a la posibilidad de resolver, a corto plazo, esta asfixia fiscal que reconocemos que no es exclusiva del nivel central, sino que compromete a todos los entes del Estado», explicó.

Uno de los puntos que destacaron las autoridades reunidas en Cobija el lunes fue el compromiso de elaborar un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales, sustentado en criterios de sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, régimen competencial y eficiencia en la asignación de recursos públicos.
Para concretar este objetivo, el Órgano Ejecutivo presentará una propuesta base hasta el 30 de octubre, que será analizada conjuntamente con las gobernaciones antes de su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, prevista para el 6 de noviembre de 2026.
Esta iniciativa busca avanzar hacia un modelo de distribución de recursos que permita fortalecer las autonomías departamentales, garantizando al mismo tiempo la responsabilidad fiscal y la estabilidad económica del país.
Hidrocarburos
En materia de hidrocarburos, el Gobierno y las gobernaciones acordaron revisar el mecanismo establecido en la Ley N.º 767, relacionado con la asignación del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.
El trabajo técnico estará orientado a formular modificaciones normativas que contribuyan a mejorar los balances fiscales departamentales y fortalecer las condiciones para acceder a financiamiento de organismos multilaterales.
Financiamiento externo
Otro acuerdo relevante contempla la elaboración conjunta de una nueva Ley Básica de Relacionamiento Internacional, que sustituya a la Ley 699 y facilite a los gobiernos autónomos departamentales, dentro del marco de sus competencias, gestionar cooperación internacional, inversiones, transferencia tecnológica y financiamiento de proyectos de desarrollo.
Esta iniciativa se trabajará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de establecer mecanismos que faciliten la vinculación de las regiones con oportunidades de cooperación y financiamiento externo.
Modelo 50/50
Durante el encuentro se estableció que la implementación del modelo 50/50 no debe limitarse a una redistribución de ingresos tributarios, sino que debe acompañarse de un proceso de fortalecimiento institucional, definición de competencias y mejora de la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales.
En ese marco, se acordó impulsar mesas técnicas permanentes y gabinetes territoriales, con especial atención a salud, educación, desarrollo productivo, energía y minería, para construir soluciones sectoriales que respondan a las necesidades de cada departamento.
En esa línea, el Gobierno y las gobernaciones continuarán trabajando para traducir los compromisos asumidos en proyectos de ley, decretos supremos, programas y proyectos concretos, informó el Ministerio de Economía.
«Los acuerdos representan un avance en la construcción de un nuevo esquema de relacionamiento fiscal e institucional entre el Gobierno central y los departamentos, bajo principios de corresponsabilidad, sostenibilidad económica y gestión eficiente de los recursos públicos», señala un boletín de prensa.
«De esta manera, la agenda 50/50 avanza hacia su materialización en el marco del objetivo presidencial de “eliminar el Estado tranca” y construir una administración pública que facilite la inversión, fortalezca las autonomías y responda a las necesidades de la población boliviana», se añade.