La entidad empresarial recordó que el salario mínimo aumentó 20% en enero pasado, frente a una inflación acumulada de 3,01% hasta agosto. Propone medidas para reducir costos que afectan a empresas y trabajadores.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, planteó este martes que el incremento salarial para 2027 se defina mediante un diálogo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, y que tenga como límite máximo la inflación oficial verificada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
«Recordamos que, al anunciar el incremento de 2026, el Gobierno comprometió una reunión tripartita junto a empleadores y trabajadores, a fines de esta gestión, para tratar los ajustes para el 2027. Solicitamos que ese compromiso se cumpla y que la convocatoria se formalice, conforme a la práctica de diálogo social que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», señala un comunicado de la CNC.
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Mencionó que hasta el 13 de octubre el sector empresarial no recibió una convocatoria oficial para abordar el ajuste salarial, pese al compromiso del Gobierno de instalar una mesa de diálogo con miras a definir el incremento de la próxima gestión.
La entidad pidió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social formalizar la convocatoria y cumplir el compromiso asumido, con el propósito de alcanzar un acuerdo que considere tanto la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores como la capacidad económica de las empresas.
Como argumento, la CNC recordó que en enero de 2026 el Salario Mínimo Nacional subió un 20%, de Bs 2.750 a Bs 3.300. En contraste, la inflación acumulada entre enero y agosto de este año alcanzó el 3,01%, mientras que la inflación interanual llegó al 5,02%, según los datos citados por la institución.
Para la Cámara, estos indicadores deben servir de referencia para establecer el ajuste de 2027, bajo el criterio de que el incremento no supere la variación oficial de los precios.
La organización empresarial advirtió que un aumento desproporcionado puede elevar los costos laborales de las empresas formales, especialmente en un contexto de contracción económica y altos costos de producción. Según su planteamiento, esta situación puede incentivar el traslado de actividades hacia la informalidad y afectar la generación de empleo.
Por ello, propuso que la negociación contemple criterios de gradualidad y un tratamiento diferenciado para las micro y pequeñas empresas, considerando sus condiciones económicas.
Entre sus propuestas están la eliminación del Impuesto a las Transacciones (IT), con garantías para mantener la coparticipación de municipios y universidades; el abastecimiento regular y la estabilidad en el suministro de diésel, y la simplificación de trámites que encarecen la formalización de los negocios.
Finalmente, la entidad puso a disposición del Ministerio de Trabajo información técnica sobre la situación del comercio y los servicios, y expresa su disposición a trabajar con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Central Obrera Boliviana y el Gobierno para definir una política salarial que, según sostuvo, permita proteger el poder adquisitivo y preservar las fuentes de empleo.