El Gobierno nacional determinó este miércoles mantener congelado el precio final de la garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en 22,50 bolivianos para toda la población. La normativa gubernamental busca absorber por completo el encarecimiento logístico y los costos operativos derivados de los recientes ajustes en el precio del diésel.
Fuente: Prensa GOBCOM
El Decreto Supremo 5746 “busca mantener congelado el precio final de la garrafa de gas (GLP) para la población, absorbiendo el encarecimiento logístico provocado por los ajustes en el precio del diésel; para ello, actualiza los márgenes de ganancia de mayoristas y minoristas, compensando la diferencia a YPFB mediante Notas de Crédito Fiscal (NOCRES). El Estado asume una especie de subvención al precio final del GLP”, señala el documento.
Con ello, se evita que estos incrementos sean trasladados al consumidor final y que se mantenga el precio oficial de la garrafa de GLP en Bs 22,50.
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Riesgos
“Aunque esta medida evita un golpe inflacionario inmediato al bolsillo familiar, incrementa el déficit fiscal y la deuda tributaria del Estado al subsidiar costos operativos crecientes, y alarga la dependencia a la subvención, con una dificultad social a ser revertida a futuro. A su vez, puede reavivar tensiones regulatorias con el sector distribuidor y, paralelamente, fomenta el contrabando hacia países vecinos, lo que podría desembocar en posibles desabastecimientos o filas si los pagos de las compensaciones sufren retrasos burocráticos”, señala el análisis de la norma.
En el escenario económico actual, la continuidad de este subsidio funciona además como un amortiguador socioeconómico clave frente a los efectos del DS 5750, relacionado con las tarifas eléctricas, consolidando un escudo de protección integral para los hogares del país.
Controles rigurosos
Para garantizar la efectividad de esta política de protección, las autoridades del sector anunciaron el despliegue inmediato de rigurosos controles destinados a sancionar cualquier intento de especulación o demoras intencionadas en la cadena de distribución del carburante. Con esto, el Ejecutivo reafirma su enfoque prioritario en la estabilidad del costo de vida de la población civil.