El exministro de Defensa Fernando López Julio afirmó que está dispuesto a colaborar con la Justicia tras ser incluido en la querella penal presentada por el actual titular de esa cartera, Ernesto Justiniano
El exministro de Defensa Luis Fernando López.
El exministro de Defensa Fernando López Julio afirmó que está dispuesto a colaborar con la Justicia tras ser incluido en la querella penal presentada por el actual titular de esa cartera, Ernesto Justiniano, contra 19 personas por presuntas irregularidades en la ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
A través de sus redes sociales, López pidió que se le permita defenderse en libertad, luego de que el Gobierno denunciara un posible daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones.
“Señor Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, estoy a su disposición y de la Justicia, presto a la oportunidad de defenderme en libertad como corresponde”, escribió la exautoridad.
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La querella también incluye a otros tres exministros de Defensa: Reymi Ferreira Justiniano, Javier Zavaleta López y Edmundo Novillo Aguilar, además de exfuncionarios y representantes de la empresa contratista.
Según la información presentada por Justiniano, Bolivia contrató en 2016, por más de 191 millones de euros, un sistema integral que contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control, equipos de comunicación, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
El contrato establecía inicialmente un plazo de ejecución de 31 meses. Sin embargo, siete modificaciones ampliaron el periodo hasta 82 meses, mientras que las pruebas y la demostración final se realizaron aproximadamente 98 meses después de la firma del acuerdo.
Los informes técnicos citados en una auditoría interna identificaron observaciones en 11 de los 13 radares instalados: dos funcionaban sin observaciones, nueve presentaban observaciones y otros dos no estaban operativos.
Estos resultados se registraron cuando el proyecto reportaba un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
“Bolivia pagó por un sistema completo funcionando”, cuestionó Justiniano al anunciar la acción penal, que incluye presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
López suscribió la quinta modificación contractual del SIDACTA durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa.
No obstante, Justiniano aclaró que la investigación debe establecer responsabilidades individuales en función de las actuaciones y decisiones de cada implicado, sin presumir culpabilidad por haber ocupado un cargo público.
La determinación de posibles responsabilidades penales corresponde al Ministerio Público y a las autoridades judiciales. El Gobierno también anunció que solicitará medidas para identificar y anotar bienes, con el objetivo de posibilitar la recuperación de recursos públicos si corresponde.
Justiniano aseguró que el propósito de la querella es esclarecer cuánto pagó el Estado, qué recibió y qué obligaciones quedaron pendientes. “No habrá encubrimiento, tampoco habrá condenas anticipadas”, manifestó.
