Bolivia necesita menos discursos y más respeto a la dignidad humana
Luego de las atrocidades cometidas durante la segunda Guerra Mundial, que finalizo en agosto de 1945. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que estableció principios fundamentales para la convivencia de la humanidad: la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto a la dignidad de todas las personas.
Su mensaje es claro y universal: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ninguna condición económica, social, cultural, religiosa o política puede justificar que una persona sea privada arbitrariamente de sus derechos.
La Declaración comprende mucho más que la protección frente a los abusos del poder. Reconoce el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de expresión, la participación política, el trabajo, la educación, la salud y un nivel de vida digno. Se trata de derechos interdependientes que deben orientar tanto la actuación del Estado como la conducta de la sociedad.
¿Qué sucede cuando estos principios se confrontan con la realidad boliviana?
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Bolivia cuenta con un marco constitucional que reconoce ampliamente los derechos fundamentales. Los artículos 13 y 14 de la Constitución Política del Estado establecen su carácter universal y la obligación estatal de protegerlos sin discriminación. El artículo 109 dispone que los derechos reconocidos constitucionalmente son directamente aplicables, mientras que los artículos 256 y 410 contemplan la relevancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional.
Sin embargo, el reconocimiento jurídico no garantiza, por sí solo, su cumplimiento efectivo. La distancia entre lo que establecen las normas y lo que experimentan diariamente los ciudadanos constituye uno de nuestros grandes desafíos.
La administración de justicia, la protección frente a la violencia, la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión, la presunción de inocencia y el acceso a servicios esenciales requieren instituciones independientes, eficientes y transparentes. Cuando la justicia se demora, la corrupción desvía recursos públicos, la discriminación persiste o el poder se utiliza para favorecer a unos y perjudicar a otros, la dignidad humana queda relegada a un simple enunciado.
Los derechos humanos no pueden tener color político.
Su defensa debe ser incondicional, independientemente de quién gobierne, quién sea la víctima o quién sea el presunto responsable. No es aceptable denunciar los abusos de los adversarios y guardar silencio ante los cometidos por los aliados. Tampoco se puede invocar un derecho para justificar la vulneración de los derechos de los demás.
El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar las vulneraciones conforme a la ley, respetando las garantías del debido proceso. Ninguna persona debe ser considerada culpable sin una sentencia dictada con las debidas garantías; del mismo modo, ninguna posición de poder debe otorgar impunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe dejar de ser un documento que se cita en los discursos para convertirse en una práctica cotidiana, exigible y verificable.
Bolivia necesita asumir este compromiso como una política de Estado y como una causa ciudadana, por encima de intereses partidarios y diferencias ideológicas.
Porque la verdadera democracia no se mide solamente por la celebración de elecciones, sino también por la capacidad de garantizar que cada persona pueda vivir con libertad, seguridad, justicia y dignidad.
La defensa de los derechos humanos comienza cuando dejamos de exigirlos solamente para nosotros y aprendemos a defenderlos también para los demás.
Ese es el camino hacia una Bolivia más justa, más humana y con mejores oportunidades para todos.
Fernando Crespo Lijeron
