La Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales permitirá destinar esos fondos al fortalecimiento del Órgano Judicial, con énfasis en tecnología, apoyo jurisdiccional e infraestructura.
Por eju.tv / La Paz / Video: Bolivia Tv
El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá destinar esos fondos al fortalecimiento del Órgano Judicial, con énfasis en tecnología, apoyo jurisdiccional e infraestructura.
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Acompañado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, Paz firmó la ley, que fue gestionada por el Órgano Judicial desde principios de año.
La norma permitirá al Órgano Judicial administrar algo más de Bs 300 millones provenientes de depósitos judiciales que no sean reclamados durante más de cinco años y que actualmente superan los Bs 1.000 millones.
El jefe de Estado destacó la aprobación de la norma y el objetivo del presidente del TSJ de destinar esos fondos a mejorar la atención a la población.
Señaló que una “buena justicia” es el reflejo de una “buena democracia” y que esta también permite atraer una mayor inversión extranjera y nacional.
Paz defendió la independencia de la justicia frente a los otros órganos del Estado y la interferencia política, como, según afirmó, lamentablemente sucedió durante los últimos 20 años de los gobiernos del MAS, periodo en el que fue víctima de más de una docena de procesos impulsados de manera abusiva.
“Hoy es un primer gran paso, esta es una nueva era”, afirmó Paz.
Además de mejorar la tecnología y la transparencia del Órgano Judicial, el mandatario sostuvo que se debe acabar con la corrupción para evitar que la población sea extorsionada.
También subrayó la importancia de proteger a los jueces que desempeñan sus funciones en las zonas fronterizas y son amenazados por organizaciones criminales.
De acuerdo con datos oficiales, el Órgano Judicial recibe el 0,4% del presupuesto total del Estado.
La norma establece un plazo de cinco años para reclamar la devolución de un depósito judicial, contado desde la notificación de la resolución ejecutoriada que autoriza el reembolso.
Si el reclamo no se realiza dentro de los plazos y procedimientos previstos, el depósito podrá consolidarse a favor del Órgano Judicial. Los recursos se destinarán a tres prioridades: ampliar la implementación de herramientas tecnológicas, contratar personal de apoyo para jueces y juzgados, y mejorar la infraestructura de las casas judiciales.
El presidente del TSJ recordó que la ley establece salvaguardas para proteger los derechos de las personas. En ese sentido, excluye del régimen de prescripción los depósitos vinculados a asistencia familiar, seguridad social, derechos laborales, menores de edad y personas con discapacidad, entre otros contemplados en la norma.
Antes de declarar la prescripción, deberán cumplirse los procedimientos de publicación, notificación y reclamación. Además, las resoluciones podrán ser impugnadas.