Entre las propuestas está gestionar una modificación del reglamento del sistema B-SISA para que el bloqueo del carguío de combustible pueda incorporarse como una medida coactiva adicional, a solicitud de las alcaldías.
eju.tv / Video: RUAT
El director de Recaudaciones y presidente del directorio nacional del RUAT, Israel Bascopé, anunció este lunes que el jueves 22 y viernes 23 de octubre se realizará una reunión para analizar una problemática de alcance nacional: personas que vendieron sus vehículos, pero cuyos compradores no regularizaron el derecho propietario, lo que derivó en el congelamiento de cuentas bancarias y la acumulación de multas para los antiguos dueños.
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Bascopé explicó que el encuentro se buscará impulsar soluciones frente a los casos reportados en las ciudades capitales del eje troncal, donde los anteriores propietarios continúan figurando como titulares de los motorizados y, por tanto, se ven afectados por obligaciones tributarias pese a que ya no tienen los vehículos en su poder.
En ese sentido, mencionó que se convocó al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Walter Segovia, para participar en la reunión, que se desarrollará en Santa Cruz. El objetivo es analizar alternativas de normas que permitan incorporar nuevas medidas de presión para que los compradores completen los trámites de transferencia y regularicen sus deudas.
«Estas medidas que se han planteado en La Paz y Santa Cruz están siendo objeto de análisis por parte del equipo jurídico de la ANH. Nosotros, como directorio de la presidencia del RUAT, vamos a impulsar este tema con mayor fuerza, porque se trata de un problema de alcance nacional. Esta problemática afecta a los nueve departamentos y a los más de 200 municipios adscritos al RUAT», sostuvo Bascopé.
Entre las propuestas está gestionar una modificación del reglamento del sistema B-SISA para que el bloqueo del carguío de combustible pueda incorporarse como una medida coactiva adicional, a solicitud de las alcaldías. Actualmente, según explicó Bascopé, el procedimiento requiere una orden fiscal o un requerimiento judicial.
Asimismo, indicó que se busca impulsar acciones contra los poseedores que no formalizaron la transferencia, entre ellas el bloqueo de cuentas, los procesos coactivos y las restricciones para participar en procesos de contratación, con el propósito de que asuman las obligaciones tributarias correspondientes.
Bascopé remarcó que el problema no se limita a un municipio, en este caso de Cochabamba, sino que involucra a los nueve departamentos. Por ello, se pretende abordar el tema de manera conjunta y promover cambios que eviten que los antiguos propietarios continúen acumulando deudas y sanciones por vehículos que ya vendieron.
