El presidente Rodrigo Paz denunció en pasados días que él y los miembros de su familia están en riesgo y reciben amenazas tras las aprehensiones de líderes del crimen organizado.
Por: eju.tv / Video: Cadena A
El viceministro de Transparencia Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, denunció que las recientes amenazas registradas contra altas autoridades del Estado lo incluyen, por ello presentó una denuncia en la Fiscalía para hallar a los sospechosos.
«No podemos tolerar que el crimen organizado utilice mecanismos de amenazas para evitar que continuemos luchando contra la corrupción y por supuesto que el presidente no es la excepción, él está encabezando una dinámica institucional frontal contra la corrupción», afirmó García.
Consideró que «las represalias seguramente van a ese nivel, por lo que en coordinación con la Fiscalía también se van a llevar adelante» las investigaciones «para identificar cuáles son las esferas que emiten estas amenazas».
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En esa línea, denunció: «No solamente el presidente, mi persona también ha sido objeto de una serie de amenazas a través de diferentes redes sociales, a través de mensajerías; en ese caso, hemos presentado la denuncia ante el Ministerio Público para que se aperture una investigación».
El presidente Rodrigo Paz denunció en pasados días que él y los miembros de su familia están en riesgo y reciben amenazas tras las aprehensiones de líderes del crimen organizado.
García consideró que son una reacción violenta de estructuras que históricamente abusaron del poder y que hoy intentan frenar las acciones gubernamentales contra la corrupción.
Durante su conferencia de prensa, el viceministro anticorrupción confirmó que formalizó las denuncias ante el Ministerio Público para que se abra la investigación penal.
En torno a la seguridad de la primera autoridad del país y de sus colaboradores, aclaró que el amedrentamiento no se limita a un solo ámbito, sino que se han manifestado mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería directa.
Asimismo, detalló que estas acciones no solo atentan contra la integridad física de las autoridades del Ejecutivo, sino que constituyen amenazas con contenido jurídico penal público, que ponen en riesgo la propia seguridad del Estado, razón por la cual se coordina estrechamente con la Fiscalía para identificar a los responsables.