Actualmente las investigaciones se encuentran a cargo de las autoridades competentes, a quienes corresponde establecer la verdad material de los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran emerger.
La Policía activó la tarde de este miércoles una acción directa en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), tras el conocimiento de denuncias de hechos de corrupción, según informó el Ministerio de Salud, mediante un comunicado.
De acuerdo con esa repartición de Estado, las denuncias recibidas daban cuenta de la exigencia de cobros indebidos, por lo que la acción policial tenía la misión de verificar los hechos denunciados, relacionados presuntamente con posibles delitos de concusión y cohecho.
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Actualmente las investigaciones se encuentran a cargo de las autoridades competentes, a quienes corresponde establecer la verdad material de los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran emerger.
La activación de la acción directa fue coordinada, además de las instituciones policiales, con el Viceministerio de Transparencia.
“La lucha contra la corrupción constituye un mandato legal y un compromiso irrenunciable del Estado. En tal sentido, ningún cargo, jerarquía o función puede estar por encima de la ley ni convertirse en instrumento para obtener beneficios indebidos”, establece el comunicado.
Agrega que el Ministerio de Salud y Deportes reafirma de manera enfática que no encubrirá ni tolerará actos de corrupción y que toda denuncia será atendida por los canales institucionales correspondientes.
Asimismo, ratifica su compromiso de resguardar la identidad de las personas denunciantes y precautelar su situación laboral frente a posibles represalias, conforme a la normativa vigente.
Entre tanto, la diputada de la alianza Libre, Cecilia Vargas, citada por Red Uno, informó que realiza seguimiento a una investigación por presuntos cobros irregulares dentro de AISEM, cuyas oficinas fueron “intervenidas” por instancias policiales y fiscales.
Según la legisladora, las denuncias apuntan a que algunos trabajadores habrían sido obligados a entregar parte de sus ingresos para conservar sus puestos.
“Los cobros que se pidieron eran de la mitad del sueldo o de todo el sueldo”, afirmó Vargas.
