El asambleísta publicó el Auto Constitucional 0486/2024-CA, que observó la acción de la exlegisladora y le dio cinco días hábiles para subsanar un requisito. Campero había afirmado que retiró el recurso tras recibir presiones atribuidas al entorno de Alarcón.
El diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón. Foto: Brújula Digital
El diputado Carlos Alarcón afirmó que la acción de inconstitucionalidad presentada por su excolega Luciana Campero para frenar el proceso de designación de Roger Mariaca como Fiscal General no fue retirada por una gestión política atribuida a él, sino que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la tuvo por no presentada después de que la demandante no subsanara las observaciones dentro del plazo establecido.
Alarcón difundió el Auto Constitucional 0486/2024-CA, emitido el 9 de octubre de 2024, que observó la acción promovida por Campero contra la Ley 1579, que reguló la selección y designación del Fiscal General. El documento señala que la exdiputada suplente debía acreditar que ejercía la titularidad al momento de presentar la demanda y le concedió cinco días hábiles para subsanar esa deficiencia.
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“Ella no retiró su demanda, la presentó mal, el TCP la observó y le exigió subsanar sus defectos”, sostuvo Alarcón en su pronunciamiento. Añadió que, al no cumplirse el requerimiento dentro del plazo, el Tribunal dio por no presentada la acción.
La exdiputada había relatado que presentó el recurso el 9 de octubre de 2024 porque consideraba que la ley de convocatoria vulneraba la Constitución al permitir que magistrados en funciones postularan al cargo de Fiscal General sin renunciar con 90 días de anticipación. Su objetivo era frenar el procedimiento de designación, que concluyó el 21 de octubre de ese año con la elección de Mariaca por 115 votos de los 161 asambleístas presentes.
Foto: Correo del Sur
En una columna publicada el 13 de octubre de 2026, Campero afirmó que recibió llamadas de colegas que le pedían retirar la acción y que un dirigente de Comunidad Ciudadana se comunicó con ella en nombre de Alarcón. Según su relato, ese intermediario le aseguró que Mariaca no conseguiría los dos tercios necesarios para ser elegido. La exlegisladora también denunció presuntas presiones y amenazas de perder su curul.
Alarcón negó haber hablado con Campero sobre la demanda, directamente o mediante terceros. Sostuvo que en 2024 no integraba la Comisión de Justicia Plural, que intervino en el procedimiento de designación, sino la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante. También cuestionó que la exdiputada hiciera públicas sus acusaciones dos años después de los hechos.
El diputado afirmó que la presentación del recurso contradecía la posición que mantenía Comunidad Ciudadana frente a los magistrados del TCP cuyos mandatos habían vencido y que continuaban en funciones. Según su versión, una eventual anulación del procedimiento de designación podía abrir la posibilidad de que el entonces fiscal general, Juan Lanchipa, permaneciera en el cargo.
El auto difundido por Alarcón acredita que el TCP observó la acción y exigió subsanar un requisito formal. Para establecer la secuencia completa del trámite y el fundamento de su conclusión, corresponde revisar también la resolución posterior que la tuvo por no presentada. El documento, por sí solo, no determina si existieron las presiones políticas denunciadas por Campero.
