José Antonio Villalobos afirma que no se ha demostrado que la madera boliviana estuviera impregnada con droga y advierte que cerca del 80% de la mercancía habría sido destruida. El juez de Arica suspendió por 60 días nuevas incineraciones y habilitó un análisis independiente de las contramuestras.
eju.tv / Video: LHP
El abogado José Antonio Villalobos, representante de empresas madereras bolivianas investigadas en Chile por la presunta presencia de sustancias controladas en sus exportaciones, cuestionó la destrucción de los cargamentos antes de que se realice una nueva pericia.
Según dijo, el juez de garantía de Arica ordenó suspender las incineraciones que aún podían ejecutarse y permitir un análisis de las contramuestras para establecer si la madera contenía droga o si los resultados iniciales correspondían a trazas.
“Hasta el día de hoy nadie ha demostrado que esa madera está impregnada”, sostuvo Villalobos en una entrevista. El abogado afirmó que la investigación pasó de la presentación inicial de una presunta operación internacional de narcotráfico a una controversia centrada en trazas detectadas en muestras de la mercancía. La presencia de esas trazas y su alcance deberán ser examinados en la nueva pericia.
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La controversia se agudizó después de que el Servicio de Salud de Arica incinerara los 48 contenedores que almacenaban 1.265 toneladas de madera, según informó el medio chileno El Mostrador.
El mismo reporte señaló que la destrucción se realizó entre agosto y octubre y que, durante la audiencia judicial del 20 de octubre, no estaban disponibles las actas oficiales que debían acreditar las incineraciones. El abogado Daniel Guevara ya había denunciado el 9 de octubre que toda la madera bajo custodia en Arica había sido quemada.
El antecedente más delicado es que la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota había instruido el 21 de septiembre suspender la destrucción de las cargas hasta resolver solicitudes presentadas por las defensas, según un documento publicado por La Razón.
Sin embargo, la Fiscalía chilena defendió la legalidad de los procedimientos realizados junto con la Armada, Aduanas y el Instituto de Salud Pública (ISP). El fiscal regional Mario Carrera dijo que no hubo irregularidades y atribuyó parte del problema a que las defensas se presentaron tardíamente en el proceso.
El juez Juan Araya Contreras ordenó el 20 de octubre suspender durante 60 días la destrucción de la madera que aún permanece en los puertos de Valparaíso y San Antonio. También abrió la posibilidad de que las defensas soliciten un nuevo examen en otro laboratorio público, con participación de un perito químico privado. La audiencia prevista para el 29 de octubre deberá definir qué institución realizará el análisis de las contramuestras custodiadas por el ISP.
Villalobos calcula que aproximadamente el 80% de la mercancía habría sido destruida y que los costos de esa operación superarían los 6.000 millones de pesos chilenos. Esas cifras corresponden a estimaciones expuestas por el abogado y requieren ser contrastadas con las actas de incineración y los registros oficiales.
El legista sostuvo que, si el nuevo examen descarta la presencia de droga, los empresarios buscarán el sobreseimiento de las investigaciones y evaluarán acciones para reclamar una reparación por los daños económicos.
El caso comenzó a adquirir dimensión internacional el 8 de junio, cuando las autoridades chilenas anunciaron la incautación de 1.080 toneladas de madera boliviana y afirmaron haber detectado más de 100 toneladas de droga. Los resultados iniciales del ISP, las objeciones de las defensas y la destrucción posterior de parte de la mercancía mantienen abierta la disputa sobre el alcance de los hallazgos y la representatividad de las muestras.
La nueva pericia deberá establecer qué sustancias se detectaron en las contramuestras y si los resultados permiten sostener la hipótesis de que la madera fue impregnada deliberadamente. Mientras tanto, la suspensión judicial detiene nuevas incineraciones, pero no resuelve la investigación ni determina responsabilidades por la destrucción de los cargamentos.
