Bolivia ocupa el puesto 130 de 143 en ranking de países evaluados en Estado de Derecho El país avanzó una posición respecto a 2025, pero continúa en el puesto 29 de 32 en América Latina y el Caribe. Arturo Yáñez sostiene que la falta de reformas estructurales impide mejorar los indicadores.
eju.tv / Video: LHP
Bolivia ocupa el puesto 130 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP), una posición que la mantiene entre los peor evaluados del mundo. Aunque subió un lugar respecto a la edición de 2025, el país permanece en el puesto 29 de 32 en América Latina y el Caribe.
La comparación de los últimos años muestra que el rezago persiste. Bolivia figuró en el puesto 131 de 143 en 2025 y en el 131 de 142 en 2024. El avance de una posición en la última edición no representa, por sí solo, una recuperación significativa de sus instituciones.
El índice evalúa ocho áreas: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la normativa, justicia civil y justicia penal. Sus puntuaciones se construyen con encuestas a especialistas y a la población, además de otras fuentes de información. El WJP advierte que los resultados sirven como herramienta de diagnóstico y deben analizarse junto con otras evidencias.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La metodología también obliga a distinguir los períodos evaluados. Los cuestionarios a especialistas se aplican anualmente entre febrero y junio, mientras que las encuestas a la población se realizan cada varios años. Por eso, la edición 2026 combina datos de distinta frecuencia y no puede interpretarse como una medición exclusiva de la gestión gubernamental en curso.
Jorge Robles, Arturo Yáñez y María Belén Mendivil. Foto: captura de pantalla
Arturo Yáñez, abogado y participante boliviano en estas consultas desde hace varios años, afirmó en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que el resultado no le sorprendió. “No ha habido ninguna mejora”, sostuvo al referirse a las reformas judiciales y a los cambios estructurales que, a su juicio, serían necesarios para modificar la posición del país.
El entrevistado consideró que una mejora sustancial no se alcanzaría de inmediato. “Eso no va a ser en cuestión de un año o dos, va a ser cinco, seis, siete años”, señaló. También dijo que el rezago no se limita a los tribunales, sino que comprende otros componentes del Estado de Derecho, como la seguridad y el cumplimiento de las normas.
Yáñez advirtió, además, sobre las consecuencias económicas de los resultados: “Nos mostramos como nos mostramos, pues es muy poco probable que podamos atraer inversionistas, que es lo que más necesitamos”.
El índice no determina por sí mismo las causas de cada resultado ni asigna responsabilidades a un gobierno específico. Sus cifras muestran la posición comparada de Bolivia; el análisis de las reformas pendientes y de la responsabilidad institucional requiere examinar, por separado, las políticas y decisiones de las distintas administraciones.