Los ministros de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa y el vocero presidencial brindan una conferencia de prensa (Foto: APG)
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reveló este domingo que varios integrantes del gabinete del presidente Rodrigo Paz recibieron amenazas de distinta índole.
La autoridad vinculó esas intimidaciones con las acciones gubernamentales contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
“Es evidente que sí. Se han recibido este tipo de amenazas de diferente índole, la hemos recibido diferentes actores del gabinete, porque estamos trastocando intereses”, declaró Aramayo en una entrevista con radio Panamericana.
El ministro sostuvo que las amenazas no modificarán la política del Gobierno frente a las organizaciones criminales.
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Afirmó que existen redes que, según su evaluación, se enquistaron en estructuras estatales, privadas y sociales, cuyos intereses estarían siendo afectados por las medidas impulsadas por el Ejecutivo.
“Queda claro también que ninguna amenaza puede estar por encima de la Constitución, de la ley, ni de la voluntad democrática del pueblo boliviano”, enfatizó.
Aramayo también señaló que la protección debe alcanzar al Presidente, su familia, los servidores públicos, jueces, fiscales y cualquier ciudadano. Sostuvo que la seguridad de esas personas no puede quedar a merced de organizaciones criminales ni de quienes busquen intimidarlas.
Las denuncias de Paz
Las declaraciones de Aramayo se conocen después de que Paz se refiriera públicamente a amenazas en tres ocasiones durante octubre. El 7 de octubre, durante un acto en Trinidad, el mandatario afirmó que él, integrantes de su gabinete y parlamentarios recibieron amenazas de muerte en distintas oportunidades.
También mencionó intimidaciones dirigidas contra familiares de algunas autoridades mediante mensajes de WhatsApp.
El 12 de octubre, Paz denunció que recibió una amenaza de muerte antes de viajar a Cobija, Pando. Relacionó la advertencia con operativos contra organizaciones criminales brasileñas, luego de la captura en Santa Cruz de Marco de Oliveira Ferreira, identificado por la Policía como un integrante importante del Primer Comando de la Capital (PCC).
“Me dijeron: ‘no vayas a Cobija, Presidente’. Y yo pregunté: ¿por qué? ‘Hay un alto riesgo de tu vida’”, relató durante un acto por la conmemoración de la Batalla de Bahía.
Una semana después, el 19 de octubre, el jefe de Estado advirtió que su familia también enfrentaba riesgos por las decisiones asumidas contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y otros grupos criminales.
“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marsets, contra los criminales de alta alcurnia”, afirmó. En esa intervención, también alertó sobre la vulnerabilidad de jueces que trabajan en zonas fronterizas y que, según dijo, pueden ser intimidados para condicionar sus sentencias.
Denuncia ante la Fiscalía
El 20 de octubre, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, informó que el Gobierno presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por las amenazas contra Paz, su familia y otras autoridades.
La autoridad indicó que él también recibió intimidaciones mediante redes sociales y servicios de mensajería.
La denuncia busca que la Fiscalía investigue los mensajes, identifique a sus responsables y establezca si las amenazas comprometen la seguridad del Estado. Hasta entonces, el Gobierno no había comunicado resultados de esas pesquisas.
En sus declaraciones de este domingo, Aramayo reafirmó que las intimidaciones no harán retroceder al Ejecutivo.
El ministro enmarcó la situación en la lucha contra el crimen organizado y defendió la continuidad de las medidas gubernamentales, sin identificar a los autores de las amenazas denunciadas contra los miembros del gabinete.
