La Armada Boliviana apoyó el traslado dispuesto por el Ministerio Público. La intervención del domingo en la zona de Yani e Ingenio permitió encontrar armas de fuego, municiones, explosivos y equipamiento táctico.
Armas y chalecos antibalas secuestrados en Sorata. Foto: Armada Boliviana
Personas involucradas en el operativo contra la presunta minería ilegal en Sorata fueron trasladadas durante la madrugada de este martes a dependencias del Ministerio Público en la ciudad de El Alto, con apoyo de la Armada Boliviana y conforme a las disposiciones de la autoridad competente.
El traslado da continuidad al operativo interinstitucional realizado el domingo 25 de octubre en inmediaciones de los ríos Yani e Ingenio, en el municipio de Sorata, departamento de La Paz. En la intervención participaron la Armada Boliviana, el Ministerio Público y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
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“Esta actuación da continuidad al operativo interinstitucional realizado el domingo 25 de octubre en la zona de Yani e Ingenio, municipio de Sorata, departamento de La Paz, con la participación de la Armada Boliviana, en coordinación con el Ministerio Público y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)”, señala la publicación de la institución castrense.
Durante el procedimiento se encontraron armas de fuego, municiones, material explosivo y equipamiento táctico, además de otros elementos que serán considerados en las investigaciones.
Parte de las personas aprehendidas el domingo pasado. Foto: Armada Boliviana
La Policía Boliviana también participó en las tareas de coordinación y apoyo durante el procedimiento.
La Armada informó que colaboró con el traslado de las personas a requerimiento de la autoridad competente, en el marco de las actuaciones relacionadas con la presunta explotación ilegal de recursos naturales.
“La Armada Boliviana reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades competentes en la lucha contra la explotación ilegal de los recursos naturales, dentro del marco de sus atribuciones, con respeto a la ley y a las garantías constitucionales”, concluye el reporte.