Pablo de Greiff, integrante de la comisión de la ONU, investiga desde 2022 crímenes sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Ayer presentó un informe en el que incluyó ciudadanos bolivianos afectados.
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La Comisión no publica cifras porque los casos corroborados no reflejan el total de víctimas. Pero, puedo afirmar, sin ninguna duda, que hay ciudadanos bolivianos que sufrieron trata para combatir en las Fuerzas Armadas rusas. Corroboramos la información con al menos tres fuentes independientes. Primero con entrevistas con reclutados que fueron capturados por Ucrania o regresaron a sus países, testimonios familiares y documentos de viaje, como pasajes y visas. El proceso es riguroso.
¿Cómo operaban los reclutadores en Bolivia?
Los agentes, de origen boliviano, exhibían una carta de invitación de un museo en Rusia y presentaban el viaje como un recorrido cultural. Las ofertas no aludían al Ejército. Las víctimas viajaron en grupos con otros latinoamericanos a través de Brasil, Colombia, México, Panamá y Turquía. Al llegar a Rusia fueron forzadas a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa y acabaron en el frente (en el conflicto frente a Ucrania).
¿Se ha establecido si existen bolivianos muertos o desaparecidos?
Sí. Puedo confirmar que hay bolivianos que murieron y otros que permanecen desaparecidos. Sus familias dejaron de recibir información y perdieron contacto con sus seres queridos.
¿Qué participación tuvieron las autoridades rusas?
Tenemos evidencia fehaciente de patrones de coordinación muy cercana entre los reclutadores y las autoridades rusas. Al llegar, las personas eran entregadas a funcionarios del Ministerio de Defensa. Les quitaban los pasaportes y teléfonos y les ponían delante contratos en ruso, sin traducción, antes de enviarlas a combatir. Sin sus móviles, no podían traducirlos. La esposa de un boliviano declaró que su marido recibió amenazas de muerte si se negaba a firmar.
¿La Comisión pidió información a las autoridades bolivianas? ¿Hubo respuesta?
Enviamos cartas a 69 países para pedir información sobre los reclutados y las medidas de apoyo a las víctimas. Solo seis respondieron. En el caso de Bolivia, prefiero no confirmar ni negar si hubo respuesta. Sabemos que un grupo de familiares se ha organizado para ayudarse y reclamar ante las autoridades. La corroboración de la mayoría de nuestros casos no dependió de respuestas oficiales.
Se habla de mercenarios. ¿Es correcto llamar así a los bolivianos reclutados?
Un mercenario acepta voluntariamente luchar, generalmente a cambio de beneficios económicos, y no forma parte de la estructura militar formal del país al que sirve. Nosotros no investigamos a quienes fueron a Rusia por decisión propia y sabiendo que combatirían. Investigamos a personas engañadas, transferidas a militares rusos y explotadas mediante coerción en el frente. Las víctimas que documentamos no son mercenarios, son víctimas de trata. El engaño y las amenazas impidieron decidir libremente.
¿Qué deberían hacer Bolivia y los demás países afectados? ¿Cuáles son las recomendaciones de la Comisión?
Se necesitan campañas para advertir de estos reclutamientos, seguimiento de viajes hacia Rusia, incluso mediante conexiones en terceros países, e investigaciones sobre los agentes. También diálogo con autoridades rusas, en la ONU y bilateralmente, porque sus embajadas y consulados participaron de una forma u otra en la coordinación del reclutamiento.
Los Estados deben ayudar a sus ciudadanos a recuperar la libertad y, en caso de muerte, a repatriar sus restos. También deben prestar apoyo a las familias.
