Bolivia tiene una oportunidad que no debería desperdiciar: aprovechar el proceso de reforma electoral para repensar su sistema democrático. En este sentido, la reforma de las leyes electorales es necesaria, pero no debería limitarse a corregir procedimientos, ajustar normas o resolver las dificultades identificadas en los últimos procesos electorales. La coyuntura nos obliga a mirar más lejos y preguntarnos qué democracia queremos construir para las próximas décadas.
El pasado martes, la Fundación Jubileo y representantes de la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) presentaron públicamente el proceso de construcción de una Agenda de Fortalecimiento Institucional y Electoral. Se trata de una iniciativa participativa y plural cuyo propósito es incorporar al debate público temas que van más allá de la actualización de la normativa electoral. El desafío es aprovechar este momento para revisar, desde una perspectiva integral, la relación entre ciudadanía, organizaciones políticas e instituciones.
El Informe País, que recoge la experiencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Fundación Jubileo, aporta evidencia sobre los problemas y desafíos que deben considerarse para fortalecer la institucionalidad electoral y democrática. Entre sus principales hallazgos destacan cinco temas de discusión que ahora se constituyen en desafíos para ser abordados en la propuesta.
El primero es la institucionalidad y la independencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), tanto para administrar los procesos electorales como para garantizar un adecuado manejo de la justicia electoral. Las intervenciones del Tribunal Constitucional Plurinacional en el calendario electoral de anteriores procesos han generado incertidumbre y puesto a prueba su estabilidad. Y esto obliga a examinar el diseño institucional del OEP y, en particular, la relación entre sus funciones administrativas y jurisdiccionales. Las opiniones de los expertos consultados hasta ahora plantean distintas alternativas, desde separar ambas funciones hasta crear salas especializadas en materia contencioso-electoral. Son opciones que deberán evaluarse considerando sus implicaciones jurídicas, institucionales y operativas.
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El segundo ámbito es la actualización de la normativa que, para modificarse, debe partir de una evaluación de los problemas que se pretende resolver y de las condiciones necesarias para implementar las soluciones. No todas las dificultades requieren modificar una ley, algunas pueden abordarse mediante medidas operativas, mejoras en la gestión institucional o ajustes reglamentarios. Antes de cambiar los artículos de una norma, es necesario analizar cómo se aplica, qué obstáculos impiden su cumplimiento y qué resultados produciría la modificación propuesta. Para esto, se requiere tiempo.
El tercer ámbito es la participación y la representación política efectiva. Es necesario identificar y eliminar las barreras que limitan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, los pueblos indígenas y las juventudes. En el caso de las mujeres, el debate debe ir más allá del cumplimiento formal de la paridad en las listas y considerar las condiciones necesarias para que puedan ejercer sus cargos sin presiones ni discriminación.
Respecto a los pueblos indígenas, el desafío podría ser avanzar de una representación meramente simbólica hacia una participación efectiva en la Asamblea Legislativa; sobre esto hay diferentes posturas.
En cuanto a las juventudes, es fundamental ver la manera de fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas para que la renovación de liderazgos sea una práctica permanente y se evite su instrumentalización. Por lo tanto, trabajar con representantes de organizaciones políticas y analizar si la norma es imprecisa o demasiado restrictiva, es imprescindible.
El cuarto ámbito se refiere a las brechas territoriales. Las diferencias en recursos, capacidades técnicas y condiciones de funcionamiento de los Tribunales Electorales Departamentales son significativas, pese a que son ellos los que tienen a su cargo buena parte de la ejecución operativa de los procesos electorales. Estas desigualdades pueden afectar la calidad de la gestión electoral y las condiciones de participación ciudadana, especialmente en las zonas rurales y alejadas. Si se quiere fortalecer el sistema electoral se debe prestar atención a las capacidades institucionales en todo el territorio nacional.
La necesidad de construir una institucionalidad electoral capaz de evaluar sus resultados, aprender de su experiencia y prepararse para los desafíos futuros es el quinto ámbito de discusión. Esto tiene que ver con la necesidad de fortalecer la gestión del conocimiento y la memoria institucional, así como garantizar que la selección y permanencia del personal técnico respondan a criterios de mérito, experiencia y capacidad profesional, y no a un cuoteo político. Recordemos que el OEP es una instancia técnica y que tanto la especialización como la continuidad de los equipos son condiciones fundamentales para fortalecer su desempeño y sostener sus capacidades a lo largo del tiempo.
Sin embargo, estos hallazgos no son los únicos temas que deberían formar parte de la reforma electoral. Algunos surgirán más adelante, precisamente, de los diálogos ciudadanos previstos para los próximos meses. Ya se anticipan debates sobre las dificultades de las organizaciones políticas para representar a una sociedad en constante transformación y para renovar sus liderazgos o sobre las nuevas condiciones de la competencia electoral, con la creciente influencia de los entornos digitales en la información, la deliberación y la participación política. Son cuestiones que deben abordarse si queremos que la reforma vaya más allá de garantizar sólo elecciones periódicas y correctamente administradas.
Otra condición importante es mirar lo que sucede en otras democracias de la región. Necesitamos ampliar nuestra perspectiva, recuperar experiencias y aprender tanto de sus aciertos como de sus dificultades. No se trata de copiar modelos, sino de identificar aprendizajes que contribuyan a anticipar los desafíos que Bolivia deberá afrontar.
Por eso, una reforma electoral con perspectiva no debe limitarse a corregir los problemas del pasado, sino contribuir a definir qué instituciones necesitamos, cómo mejorar las condiciones para la aplicación efectiva de las normas, cómo garantizar una representación que refleje mejor la diversidad del país y, sobre todo, qué sistema democrático queremos construir para el futuro.
