La actividad busca fortalecer la protección de las mujeres políticas. El proceso recogerá propuestas en los nueve departamentos.
Organizaciones inician consulta para reformar ley contra violencia política a mujeres. FOTO: RRSS
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inauguró este jueves en Sucre un proceso de consulta nacional para reformar la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
Esta iniciativa surge con el objetivo de optimizar los mecanismos de prevención, atención y sanción ante el alarmante incremento de agresiones.
La actividad busca fortalecer la protección de las mujeres frente al acoso y la violencia política. El proceso recogerá propuestas en los nueve departamentos para mejorar la atención de denuncias, el acceso a la justicia y la respuesta a las agresiones en entornos digitales, que la norma no contempla de manera expresa.
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Esta articulación comenzó en febrero de este año, a convocatoria de la diputada Daniela Cabrera, en un espacio que dio lugar a la conformación de esta alianza interinstitucional para impulsar la modificación de la Ley 243.
Este primer encuentro abrirá las consultas territoriales, que se prevé desarrollar en los nueve departamentos hasta el 20 de noviembre. Mujeres autoridades, organizaciones e instituciones podrán aportar sus experiencias y propuestas para fortalecer la norma.
Promulgada el 28 de mayo de 2012, la Ley 243 fue la primera norma específica de su tipo en América Latina y se convirtió en un referente regional.
DEMANDA
Su aprobación respondió a una demanda sostenida de las mujeres autoridades y las organizaciones de mujeres, que cobró mayor urgencia tras el asesinato de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe.
Sin embargo, las instituciones que trabajan en el tema consideran que el reconocimiento legal no ha sido suficiente para garantizar una respuesta efectiva.
Según información del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, elaborada con datos de la Defensoría del Pueblo de 2025, de 928 denuncias por acoso y violencia política registradas entre 2012 y 2025, ocho figuraban en la categoría de sentencia; menos del 1 %.
La violencia política puede expresarse en amenazas, hostigamiento, agresiones, impedimentos para ejercer funciones y presiones para abandonar el cargo. Sus efectos trascienden a las víctimas: restringen la representación política y debilitan la democracia.
Entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026, el TSE registró 12 denuncias formales por acoso y violencia política. La Paz concentró seis; Santa Cruz, tres; y Oruro, Potosí y Tarija, una cada uno.
En el mismo periodo se registraron 39 renuncias de mujeres que ejercían cargos públicos y municipales. Santa Cruz reportó 11 y Tarija, siete, las cifras más altas.
OBSTÁCULOS
A los obstáculos en la aplicación de la ley se suman las agresiones en redes sociales y otras plataformas digitales, una expresión de violencia política que la Ley 243 no contempla de manera expresa.
Su rápida propagación y alcance pueden amplificar las amenazas y los ataques sexistas contra mujeres candidatas y autoridades.
“Las consultas permitirán analizar estos desafíos y recoger propuestas para fortalecer las rutas de atención, los mecanismos de protección y sanción, y la coordinación institucional”, señala un boletín institucional.
De acuerdo con la Coordinadora de la Mujer, los encuentros departamentales se complementarán con una consulta con el Órgano Judicial, liderada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos.
Este espacio, previsto para el 4 de noviembre en Sucre, permitirá recoger aportes sobre la aplicación de la ley, las rutas de atención y los mecanismos de protección y sanción. También se coordina un encuentro con la Policía Boliviana.
En el ámbito legislativo, la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados promoverá la articulación con asambleístas nacionales. De esa forma se acompañará las consultas y construir respaldo para la posterior presentación y tratamiento de la propuesta.
COORDINADORA DE LA MUJER
La Coordinadora de la Mujer también prevé impulsar una consulta nacional con organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas y LGBTIQ+. Además, promover la participación de asambleístas departamentales, concejalas y alcaldesas.
“Los aportes de estos espacios permitirán al equipo técnico fortalecer la propuesta. Se espera contar con una versión consolidada durante la cuarta semana de noviembre. Y, acordar posteriormente la ruta para su presentación y tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, añade la nota.
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El proceso es impulsado por un Comité Técnico conformado por representantes del TSE, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. También el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados/as, la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (AMADBOL). La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora de la Mujer, la Comunidad de Derechos Humanos.
Asimismo, se suman Oxfam, ActionAid, Fundación Internet Bolivia, Fundación Friedrich Ebert (FES), el Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE). El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
