Urioste también advirtió que los vehículos incautados todavía no forman parte del patrimonio estatal, por lo que su utilización por otras instituciones debe estar respaldada por documentación que justifique su entrega.
eju.tv / Video: Correo del Sur
El fiscal general del Estado interino, Armando Urioste, informó este jueves que se realiza un relevamiento de información en todo el país para establecer bajo qué condiciones fueron entregados y utilizados los vehículos que fueron incautados durante los operativos de búsqueda del narcotraficante Sebastián Marset. Advirtió que, si no existe documentación que respalde su asignación, puede configurarse el delito de uso indebido de bienes del Estado.
«Hemos pedido un relevamiento de información, a través de las denuncias que hay sobre el hecho de que se estarían utilizando vehículos de este caso (Sebastián Marset) por altas autoridades. Hoy terminaron de llegar la información de todos los departamentos, porque hay vehículos en todo lado», señaló la autoridad del Ministerio Público, en entrevista con el medio periodístico.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El Ministerio Público investiga las denuncias sobre el presunto uso de vehículos incautados durante los operativos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset por parte de altas autoridades, luego de conocerse que dos motorizados de la marca BMW presuntamente fueron utilizados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Urioste explicó que se solicitó información a las distintas fiscalías departamentales para verificar la situación legal de los vehículos y determinar si fueron entregados conforme a los procedimientos establecidos.
Indicó que, una vez revisada la documentación, se establecerá si la posesión de los motorizados fue legal o irregular. En el primer caso, el Ministerio Público solicitará su restitución; mientras que, si se identifican irregularidades, procederá a su secuestro.
«Esa información la vamos a vincular y ver si esas posesiones son legales o ilegales. Si son legales, pediremos la restitución de los vehículos al Ministerio Público y, si son ilegales, se procederá al secuestro», afirmó.
Urioste también advirtió que los vehículos incautados todavía no forman parte del patrimonio estatal, por lo que su utilización por otras instituciones debe estar respaldada por documentación que justifique su entrega y establezca las condiciones de su custodia.
Explicó que, mientras no exista una transferencia legal al Estado, los motorizados pueden ser asignados en calidad de depositarios, pero esa figura debe cumplir con los procedimientos correspondientes.
«Si no hay un acta del por qué se entregó, ya que estos vehículos todavía no han pasado a manos del Estado para que pueda disponer, pero sí se puede asignar depositarios. Si no se ha cumplido como un depósito, implicaría uso indebido de bienes del Estado, por eso se debe manejar de la manera más cautelosa», sostuvo.
De esta manera, la investigación buscará establecer quiénes autorizaron la entrega de los motorizados, bajo qué figura legal fueron asignados y si las autoridades o instituciones que los utilizaron contaban con el respaldo documental correspondiente.
La posición de Urioste se da luego que el abogado constitucionalista Edgar Arraya denunció que uno de los vehículos de alta gama incautados en el operativo de captura de Sebastián Marset en Santa Cruz circuló en Sucre, Oruro y La Paz, entre marzo y septiembre de este año.
