El ministro de Economía, Christian Morales, anunció que el Ejecutivo concluye los procedimientos legales para cerrar las primeras compañías públicas consideradas inviables. La medida forma parte del ajuste fiscal y podría reducir el déficit previsto del 6,7% del PIB para 2027.
El Gobierno avanza en el cierre de empresas públicas consideradas inviables y prevé concretar las primeras medidas antes de finalizar 2026. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que el Ejecutivo se encuentra en la etapa final de los trámites legales y anticipó que estas decisiones permitirán profundizar la reducción del gasto estatal, con la posibilidad de disminuir el déficit fiscal por debajo del 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2027.
En una entrevista con el programa ¡Qué Semana!, que se emite por EL DEBER, la autoridad explicó que el proceso de evaluación y reorganización de las compañías estatales se desarrolla de manera paralela a la elaboración del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, presentado el viernes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
«Estamos culminando las partes legales para dar las primeras señales en este año de cuáles son las primeras empresas que se van cerrando», afirmó Morales.
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Aunque el ministro confirmó que se trabaja en el cierre de varias compañías, no precisó cuáles serán las primeras, cuántas están contempladas en esta etapa ni qué monto de recursos públicos se dejaría de destinar a su funcionamiento.
Recientemente el Gobierno dejó en claro la necesidad de reducir el gasto destinado a empresas estatales que registran pérdidas y no presentan condiciones para sostener sus operaciones.
Más ajustes al gasto público
Morales explicó que el PGE 2027 todavía incorpora recursos para las empresas públicas que se encuentran bajo evaluación, debido a que estas mantienen su existencia jurídica y forman parte de la estructura presupuestaria vigente.
Sin embargo, aclaró que la asignación de recursos no implica que necesariamente deberán ejecutarse si se concreta el cierre de las compañías.
«Si bien en el presupuesto están incorporadas, esto no quiere decir que al momento de que se cierren el presupuesto se tiene que sí o sí ejecutar», manifestó.
En ese contexto, el ministro sostuvo que las medidas de reorganización y cierre de empresas públicas permitirán generar un margen adicional para reducir el déficit fiscal.
«Esto te va a permitir aún más achicar este 6.7% de déficit fiscal», aseguró.
El proyecto de PGE 2027 contempla un presupuesto consolidado de Bs 335.140 millones y un presupuesto agregado de Bs 411.244 millones. Entre sus principales objetivos se encuentra reducir el déficit fiscal al 6,7% del PIB, frente al 9,2% establecido como meta en el presupuesto reformulado de 2026.
La autoridad explicó que el ajuste fiscal se sustenta en una reducción del gasto corriente, una revisión de las inversiones consideradas poco eficientes y mayores ingresos derivados de la comercialización de hidrocarburos.
«Somos más eficientes y tenemos una calidad de gasto», afirmó al referirse a la política de administración de los recursos públicos.
Empresas con problemas financieros
La decisión de avanzar con los cierres tiene como antecedente la evaluación de las compañías estatales realizada por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), que identificó problemas financieros y patrimoniales en una parte del aparato empresarial del Estado.
De acuerdo con información oficial difundida durante 2026, de un universo de 67 empresas públicas evaluadas, 24 registraron pérdidas correspondientes a la gestión 2025 y siete presentaron patrimonio negativo.
Posteriormente, la OFEP identificó al menos 20 compañías cuyas pérdidas acumuladas superaban su patrimonio, una situación que evidencia dificultades financieras, aunque no determina por sí sola su cierre.
En septiembre, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5727, que establece procedimientos para la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado.
Esta disposición constituye parte del marco normativo para ejecutar las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Sin embargo, la liquidación de determinadas compañías podría requerir procedimientos adicionales, dependiendo de las normas que dieron origen a cada entidad.