El funcionario procesaba denuncias de la autoridad jurisdiccional; fue enviado a la cárcel tras desvelarse el contenido de un audio en el que pedía una coima de Bs 5.000
Fuente: El Deber
La Justicia dispuso 40 días de detención preventiva en Palmasola para Franz Yovanny Pereira Núñez, abogado del área de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, investigado por presuntamente solicitar Bs 5.000 a un juez a cambio de favorecerlo en un proceso disciplinario. La denuncia involucra al juez cautelar de La Guardia, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, incluido en una lista de restricciones de visa de EEUU.
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El caso surgió de una denuncia interna del Consejo de la Magistratura y motivó pesquisas de la unidad anticorrupción de la Felcc. Pereira tenía a su cargo actuaciones relacionadas con un proceso administrativo por presuntas faltas graves atribuidas a Vedia.
Entre los indicios incorporados figura una grabación de audio en la que, según la denuncia, el abogado solicita Bs 5.000 para beneficiar al juez y evitar que se le imponga una sanción. Durante las diligencias, Pereira reconoció que la voz registrada era suya, aunque negó haber pedido dinero para influir en la resolución del expediente.
El fiscal Gustavo Adolfo Ríos lo imputó por los delitos de concusión y cohecho pasivo. En la audiencia cautelar sostuvo que los indicios reunidos y los riesgos procesales justificaban su detención. La jueza Vivian Blacázar escuchó a las partes y ordenó enviarlo a Palmasola por 40 días, mientras prosiguen las investigaciones y se revisa el audio.
El procedimiento disciplinario contra Vedia continúa por separado. Su situación adquirió mayor notoriedad a finales de septiembre, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó entre los funcionarios judiciales bolivianos sujetos a restricciones migratorias. La decisión fue emitida en el contexto de la política estadounidense para enfrentar la corrupción y al narcotráfico. Eso sí, no es un fallo vinculante en Bolivia.
Revisión de jueces observados
Tras difundirse esa nómina, el Consejo de la Magistratura anunció una revisión de las actuaciones y los antecedentes de Vedia, Albania Chane Caballero Saavedra y Rosario Ximena Flores Paniagua. Los tres ejercían funciones en Santa Cruz y quedaron bajo evaluación administrativa, sin que la restricción de visas implicara su suspensión automática. Los consejeros también pidieron información al Departamento de Estado vía Cancillería.
En octubre, una nueva lista estadounidense incluyó al entonces presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y al vocal Julio Nelson Alba. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, les pidió apartarse de sus cargos y someterse a investigaciones. Quezada presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del TDJ y a su vocalía; Alba continuaba en funciones hasta octubre.
EL DEBER buscó la versión de la presidenta del TDJ cruceño, Irma Villavicencio, sobre la situación de las autoridades observadas. La magistrada respondió que tenía una agenda recargada y ofreció pronunciarse en otra oportunidad. Tampoco fue posible obtener una respuesta de Carlos Ortega, elegido para presidir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
