Las proyecciones del PGE anticipan otro año difícil para Bolivia. Un eventual aumento salarial de un dígito podría no compensar la inflación y, al mismo tiempo, elevar los costos de las empresas que todavía intentan sobrevivir a la recesión
Por Juan Carlos Salinas
Fuente: El Deber
El próximo año podría comenzar con una paradoja en los hogares bolivianos. Aunque los trabajadores reciban un incremento salarial, el dinero que llegue a sus bolsillos podría alcanzar para comprar menos alimentos, pagar menos servicios y cubrir una proporción menor de los gastos familiares. Al otro lado del mostrador, los empresarios tendrán que hacer frente a una economía que anticipa menos producción, menor demanda y costos que todavía no terminan de acomodarse.
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No se trata de un escenario hipotético construido a partir de pronósticos privados. Es el panorama que dibuja el propio Gobierno en el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, que plantea una contracción económica del 1,5%, una inflación del 10,7% y un tipo de cambio referencial de Bs 12,02 por dólar.
Las tres variables describen un año que estará marcado más por la estabilización y el ajuste que por una recuperación económica. Y tienen una traducción directa en la vida cotidiana: menor capacidad de compra, dificultades para generar ingresos y un sector empresarial que deberá administrar sus recursos con mayor cautela.
La fotografía de partida tampoco es alentadora. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que Bolivia acumuló una contracción del 3,27% durante el primer semestre de 2026. El dato interanual del segundo trimestre fue todavía más preocupante: una caída del 5,94% respecto al mismo periodo de 2025. Nueve de las once actividades económicas registraron retrocesos.
La construcción encabezó las pérdidas, con una contracción interanual del 29,21% en el segundo trimestre. Transporte y comunicaciones retrocedió un 14,50%, mientras que la industria manufacturera cayó un 11,33% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca disminuyó un 6,74%.
Detrás de esos porcentajes están las obras paralizadas, los camiones que transportan menos carga, las industrias que reducen sus turnos, los productores que enfrentan dificultades para colocar sus cosechas y los pequeños negocios que ven cómo sus clientes compran menos.
El economista José Alberti considera que el país arrastra un deterioro profundo de su tejido productivo y del empleo formal. A su juicio, la incertidumbre, la falta de seguridad jurídica y la ausencia de condiciones para atraer inversiones han debilitado la confianza de las familias empresarias y de los inversionistas.
Su advertencia apunta a que el problema no se resuelve únicamente con medidas de corto plazo. Sin certidumbre, Estado de derecho y reglas claras, será difícil recuperar la inversión privada, ampliar la producción y generar empleos sostenibles.
Un salario menos robusto
Para una familia que depende de un salario fijo, la inflación no es una cifra que aparece en un informe del Gobierno. Se manifiesta cuando el presupuesto destinado a comprar alimentos deja de alcanzar, cuando el transporte consume una mayor proporción del ingreso o cuando hay que postergar gastos que antes eran habituales.
El economista Carlos Augusto Aranda, de Populi, sostiene que el escenario del PGE implica que los hogares seguirán enfrentando una pérdida de poder adquisitivo. Explica que, aunque la inflación proyectada para el cierre de 2027 sea del 10,7%, el promedio durante el año podría ser mayor, por lo que los ingresos tendrían que crecer de manera importante solamente para mantener su capacidad de compra.
A ello se suma la contracción económica. Una economía que retrocede produce menos, genera menos oportunidades de empleo y limita la capacidad de las personas para mejorar sus ingresos. El resultado es una combinación complicada: los precios presionan hacia arriba mientras las posibilidades de ganar más dinero se reducen.
El Banco Central de Bolivia (BCB) muestra que la inflación interanual llegó al 20,40% al cierre de 2025. En septiembre de 2026, el indicador anual se había moderado al 5,70%, aunque con una inflación acumulada del 3,88% durante los primeros nueve meses del año.
La proyección del 10,7% para 2027, por tanto, supone que la presión inflacionaria continuará siendo un factor relevante en la economía familiar.
Alberti considera que la inflación es uno de los principales enemigos de los hogares porque reduce la capacidad de compra de los ingresos. También advierte que, si persisten los desequilibrios fiscales, el gasto público elevado y las presiones monetarias, será difícil consolidar una reducción sostenida de los precios.
El economista plantea que el Estado necesita una reingeniería profunda para reducir los costos de administración y funcionamiento del aparato público. Su argumento es que el costo de los desequilibrios económicos no debería recaer sobre las familias.
Presión a las empresas
La discusión no termina en el monto que recibe el trabajador. Para una empresa formal, cada incremento salarial repercute en una estructura de costos que incluye aportes patronales y beneficios sociales.
En Bolivia, el empleador debe cubrir, entre otros conceptos, los aportes a la seguridad social de corto plazo, vivienda y riesgos profesionales. También debe prever obligaciones como el aguinaldo y las indemnizaciones que correspondan.
Un cálculo referencial ayuda a dimensionar el efecto. Tomando como base los aportes patronales del 17,21%, un trabajador que actualmente gana Bs 3.300 representa un desembolso mensual aproximado de Bs 3.868, considerando salario y esos aportes, pero sin incluir otros beneficios y contingencias laborales.
Si el salario aumenta un 8%, el costo mensual adicional para el empleador sería de aproximadamente Bs 309 por trabajador, considerando también el incremento proporcional de esos aportes. Con un aumento del 9%, la diferencia llegaría a unos Bs 348 mensuales.
La diferencia puede parecer manejable cuando se analiza un solo puesto de trabajo, pero adquiere otra dimensión cuando se multiplica por decenas o cientos de trabajadores.
Para una pequeña industria, un comercio, una empresa de transporte o un restaurante que opera con márgenes reducidos, un incremento salarial puede significar una obligación adicional difícil de cubrir si las ventas no acompañan.
Aranda señala que las pequeñas y medianas empresas son particularmente vulnerables porque tienen menos capacidad para absorber aumentos de costos y acceder a capital de trabajo.
Alberti coincide en que un aumento salarial desproporcionado respecto de la realidad financiera y los niveles de productividad de las empresas podría profundizar la recesión. Para el economista, el desafío de fondo es reconstruir la confianza y generar condiciones que permitan atraer inversión privada, tanto nacional como extranjera.
El debate salarial de 2027, por tanto, no puede reducirse a una disputa entre trabajadores y empresarios. Tiene que considerar cuánto necesita ganar una familia para mantener su nivel de vida, pero también cuánto puede pagar una empresa sin comprometer su continuidad ni los puestos de trabajo que genera.
El desafío es lograr proteger al asalariado, sin dañar a las empresas
El dólar y la presión sobre los costos de producción, otra dificultad que se suma al actual escenario económico
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 utiliza un valor referencial promedio de Bs 12,02 por dólar. No se trata de una tarifa fija que obligatoriamente deban aplicar todas las operaciones comerciales, sino de un supuesto macroeconómico.
Sin embargo, su importancia para el sector productivo es evidente. Bolivia importa combustibles, maquinaria, equipos, repuestos, insumos industriales, medicamentos y gran parte de los bienes que consume. Cuando el costo de reposición de esos productos sube en moneda nacional, las empresas deben decidir si trasladan el incremento al consumidor, reducen sus márgenes o buscan alternativas para mantener sus operaciones.
Aranda advierte que las empresas expuestas a insumos importados, transporte, energía y financiamiento tendrán mayores presiones sobre sus márgenes. El efecto puede ser particularmente delicado para las pequeñas y medianas unidades productivas.
El nuevo nivel cambiario también podría beneficiar a determinados exportadores, al mejorar la competitividad de sus productos en los mercados internacionales. Pero ese resultado no es automático. Depende de cuánto importen para producir, de sus costos internos y de su capacidad para ampliar la oferta exportable.
En otras palabras, un tipo de cambio más alto no garantiza por sí mismo más exportaciones ni mayores ingresos para todos los sectores.
El Gobierno ha planteado un PGE 2027 con un presupuesto consolidado de Bs 335.140 millones, un déficit fiscal proyectado del 6,7% y una inversión pública superior a Bs 17.000 millones. El Ejecutivo también anunció recursos para políticas sociales y la continuidad de determinadas subvenciones a los combustibles.
No obstante, el cumplimiento de las metas dependerá de la disponibilidad de recursos, la ejecución presupuestaria y la capacidad de corregir los desequilibrios fiscales.
Para tomar en cuenta
Impacto. Un alza del 8% o 9%, el trabajador recibiría más bolivianos, pero perdería capacidad de compra frente a una subida de precios del 10,7%
Protección. Para mantener su valor el alza debería ser igual a la inflación.
Sector formal. Para las empresas, un aumento generalizado de salarios significa mayores obligaciones y presión a su capacidad de pago.
Menos ventas. En un momento en el que sus ventas y márgenes están bajo presión.
Cifras del tema
-1,5%
comportamiento del PIB. Es la proyección que, desde el PGE, realiza el Gobierno, para 2027
10,7%
Inflación. Es el encarecimiento del costo de vida previsto para 2027
12,02
Bolivianos. Es la cotización del dólar, proyectada en el PGE, del próximo año
Fuente: El Deber