El expresidente Arce está cerca de 11 meses en prisión por cargos de corrupción. Hay exministros que también enfrentan procesos penales. Ante este escenario, crece el pedido de mayor institucionalización
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El expresidente afronta, además, una investigación por el Fondo Indígena y mantiene una orden de detención preventiva en San Pedro, La Paz, desde diciembre de 2025. En septiembre, un juez negó su liberación. La causa se relaciona con decisiones que tomó como ministro de Economía de Evo Morales. Transparencia también denunció irregularidades en 3.177 proyectos, con un daño estimado en Bs 3.197 millones, cifras bajo investigación.
También hay una pesquisa que alcanzó a su familia. Luis Marcelo Arce Mosqueira permanece en Palmasola por presunta legitimación de ganancias ilícitas; el 26 de octubre le ampliaron la detención por 40 días. Su hermano Ernesto Rafael también está investigado.
Condenas y cautelares
Juan Santos Cruz, exministro de Medio Ambiente y Agua, fue condenado en abril a diez años de prisión por el caso Coimas. La sentencia estableció un daño superior a Bs 19 millones por cobros ilegales vinculados con contratos públicos. Edwin Characayo, exministro de Desarrollo Rural, recibió en 2022 una condena de ocho años por cohecho, tras ser sorprendido recibiendo $us 20.000; después tuvo arresto domiciliario.
Édgar Montaño, exministro de Obras Públicas, fue enviado a San Pedro por las investigaciones sobre la doble vía El Sillar. En mayo se le impuso otra detención preventiva. Néstor Huanca, exministro de Desarrollo Productivo, ingresó a Patacamaya en enero por presunta corrupción en la venta de harina subvencionada de Emapa. La orden inicial fue de cuatro meses. Su sucesor, Zenón Mamani, recibió arresto domiciliario.
También se indaga a B-Agro por pérdidas de Bs 101 millones. Edmundo Novillo, exministro de Defensa, fue aprehendido por el caso Radares, con presunto daño de Bs 1.478 millones; luego recibió arresto domiciliario. César Siles, exministro de Justicia, afronta una acusación por el caso Consorcio. Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, es buscado por presuntos nexos con Sebastián Marset; la Fiscalía informó de una alerta roja. Ninguna imputación supone culpabilidad.
El caso Santos Cruz trascendió las fronteras. Una misión de eurodiputados visitó Bolivia a finales de octubre y el embajador europeo Jaume Segura confirmó que la oficina antifraude OLAF pidió información sobre denuncias que podrían involucrar recursos comunitarios.
El desafío institucional
El constitucionalista José Luis Santistevan consideró que la corrupción en el Estado rebasa el tratamiento meramente judicial, pues tiene que ver con la recuperación de la institucionalidad. De acuerdo con su análisis, cuestiona los interinatos y las designaciones que, a su juicio, incumplen procedimientos constitucionales o legales en el Banco Central de Bolivia, la ASFI, la Contraloría, la Fiscalía General y otras entidades. Recuerda que el artículo 232 de la Constitución exige legalidad, imparcialidad y transparencia en la administración pública.
“Institucionalizar debe ser la primera acción para disminuir la ineficiencia y la corrupción”, sostiene. Propone que la Asamblea Legislativa elabore ternas y designe autoridades según las normas, para evitar que los puestos dependan solo del gobernante.
El exembajador Jaime Aparicio también reclama profesionalizar la carrera diplomática para sostener la apertura internacional; el constitucionalista William Herrera vincula la seguridad jurídica con una Justicia independiente. Los empresarios Gary Rodríguez y Jean-Pierre Antelo insisten en reglas claras para atraer inversiones en favor del desarrollo del país.
El cambio de ciclo exige más que detenciones; controles públicos, nombramientos legales, acceso a la información y jueces sin presiones. También implica respetar la presunción de inocencia. El reto es que la rendición de cuentas se traduzca en una reforma duradera, de acuerdo con el análisis sobre el desafío institucional que enfrenta el país.
PARA SABER
Análisis. El constitucionalista José Luis Santistevan cuestiona los interinatos y pide designaciones ajustadas a la Constitución para recuperar la institucionalidad, la transparencia y el control.
Reacciones. El caso del exministro Juan Santos Cruz llegó a la Unión Europea, que investiga posibles irregularidades en proyectos de agua financiados con recursos de la cooperación internacional.
Cambios. El presidente Rodrigo Paz anticipa reformas estructurales a partir de su segundo año de mandato, según ha señalado, mientras se le critica la demora en las decisiones.
