El subgobernador Federico Morón confirma que se iniciarán procesos administrativos contra dueños de predios La Peña y Celina Las Praderas y anuncia acciones contra los que no acrediten derecho propietario. Santa Cruz queda expuesta a una crecida del Piraí.
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La Gobernación de Santa Cruz confirmó que se preparan procesos administrativos contra dos predios identificados por la tala de 65 hectáreas y advirtió que el deterioro de esta barrera natural podría dejar a los barrios colindantes expuestos a un turbión de magnitud igual o superior al de 1983.
El subgobernador de la provincia Andrés Ibáñez, Federico Morón, respondió a tres consultas de EL DEBER sobre las acciones legales contra los responsables de la deforestación, la auditoría que busca establecer quiénes tienen derechos legítimos sobre los terrenos y los estudios técnicos que alertan sobre el riesgo de una nueva crecida extraordinaria del río Piraí.
La autoridad departamental identificó anteriormente a los predios La Peña y Celina Las Praderas como vinculados con la tala detectada durante una inspección. Ahora confirmó que los informes técnicos y legales necesarios ya fueron emitidos y que constituyen la base para iniciar los procedimientos administrativos. También señaló que quienes no demuestren derechos propietarios legítimos podrían enfrentar desalojos, acciones penales y la obligación de restaurar ambientalmente las superficies afectadas.
El área comprende aproximadamente 1.500 hectáreas y cumple una función que va más allá de conservar una superficie boscosa. Morón recordó que, después de la riada de 1983, se ejecutaron obras de ingeniería civil para desviar el río Piraí y construir defensivos destinados a proteger a la ciudad de nuevas crecidas.
Procesos en puertas
La preocupación por el avance de las intervenciones tomó mayor dimensión después de que una inspección permitiera identificar 65 hectáreas taladas dentro del Cordón Ecológico. Morón señaló que los trabajos estarían vinculados con los predios La Peña y la urbanización Celina Las Praderas.
La autoridad departamental sostuvo que ninguno de los dos contaría con autorización para ejecutar esos trabajos y que tampoco figurarían como propietarios dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra, sino en el municipio de Warnes.
A partir de estos hallazgos, la Gobernación anunció que existen informes técnicos y legales que respaldan la apertura de procedimientos contra los responsables. En respuesta a la consulta de este diario sobre si ya se habían iniciado procesos penales o administrativos y qué sanciones podrían aplicarse, Morón precisó que las autoridades competentes ya emitieron la documentación necesaria para activar las acciones administrativas
“Efectivamente. A la fecha, las autoridades competentes han emitido los informes técnicos y legales correspondientes, los cuales sirven como insumo sustancial para la apertura inmediata de los procesos administrativos contra los propietarios de los predios La Peña y Celina Las Praderas”, respondió.
Respecto a las sanciones, indicó que, por tratarse de intervenciones en una zona de protección ecológica, los responsables se exponen a multas económicas y a acciones penales por la posible comisión de delitos ambientales, conforme a la normativa vigente.
La identificación de estos dos predios, sin embargo, no representa el cierre de las investigaciones. En sus anteriores declaraciones, Morón advirtió que existen otras cuatro o cinco urbanizaciones que estarían intentando establecerse dentro del Cordón Ecológico y que buscarían obtener documentación para avanzar con sus proyectos.
La autoridad anunció que hará públicos sus nombres para que la población conozca quiénes están detrás de estos intentos de ocupación. También aseguró que actualmente existe una vigilancia que, según su evaluación, no se había desarrollado con la misma intensidad durante los últimos cinco años.
“Hoy existe una vigilancia que no existía en los últimos cinco años y eso me deja tranquilo, porque se están haciendo procesos. Hemos hecho inspecciones, aunque eso no significa que no haya gente que siga aprovechándose”, afirmó.
El subgobernador remarcó que la presión sobre los terrenos no solo representa un conflicto de propiedad o una amenaza para la conservación del bosque, sino que puede comprometer la función de protección hidráulica que cumple el área frente a las crecidas del río.
Un riesgo más grave
La advertencia más preocupante de Morón está relacionada con la posibilidad de que Santa Cruz de la Sierra enfrente un turbión de magnitud similar o superior al registrado en 1983. Consultado por EL DEBER sobre qué estudios respaldan esa afirmación y cuáles son los sectores de la ciudad con mayor exposición, el subgobernador aseguró que existen evaluaciones técnicas realizadas en la cuenca alta del río Piraí que identifican ese riesgo.
“Contamos con los estudios y evaluaciones técnicas desarrollados en la cuenca alta del río Piraí, los cuales demuestran de manera contundente el riesgo latente de enfrentar una crecida extraordinaria de igual o mayor magnitud a la de 1983”, respondió.
La autoridad explicó que el peligro es más inmediato en los sectores donde terminan los diques de contención construidos después de la histórica riada. En esos puntos, la deforestación y las modificaciones que se realizan dentro del Cordón Ecológico pueden debilitar la barrera natural que complementa las obras de ingeniería ejecutadas para proteger a la ciudad.
Esto deja en situación de vulnerabilidad a los barrios y distritos colindantes ante una eventual falla del sistema de protección estructural, advirtió.
La respuesta de Morón pone el foco en una amenaza que no se limita a las hectáreas de bosque que desaparecen. El Cordón Ecológico forma parte de un sistema de defensa que se consolidó después de la tragedia de 1983 y cuya alteración puede tener consecuencias sobre la seguridad de una ciudad que creció alrededor de las áreas de influencia del río Piraí.
El subgobernador también vinculó esta preocupación con las condiciones climáticas y la incidencia del fenómeno de El Niño, que puede incrementar la preocupación por las crecidas y la capacidad de respuesta de los sistemas de protección.
EL DEBER intentó comunicarse con representantes de los predios talados, para conocer su versión. En el caso de La Peña, no se encontró a nadie que pueda responder. En el caso de Celina Las Praderas no se recibió respuesta a los intentos de contacto.
DATOS CLAVE
Superficie afectada. Inspección identificó 65 hectáreas taladas dentro del Cordón Ecológico, vinculadas con los predios La Peña y Celina Las Praderas.
Auditoría municipal. El proceso técnico y jurídico podría arrojar resultados en un plazo no mayor a dos meses, según la estimación del subgobernador.
