Durante la crisis que paralizó al país, se registró una movilización acumulada de 26.917 efectivos militares y 151 acciones de desbloqueo. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, destacó que la misión institucional fue contribuir a restablecer la transitabilidad y proteger los derechos de todos los bolivianos, en el marco del estado de excepción declarado por el presidente Rodrigo Paz.
Los 53 días de bloqueos que atravesó Bolivia representaron una de las mayores dificultades del primer año de gestión gubernamental. La interrupción de las carreteras afectó el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, además de restringir el traslado de pacientes y las actividades productivas y comerciales.
Durante la presentación del informe de gestión del Ministerio de Defensa, el ministro Ernesto Justiniano Urenda señaló que las consecuencias de esta crisis tuvieron un impacto humano, social y económico que no puede minimizarse.
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“Los 53 días de bloqueos no fueron una dificultad menor. La interrupción de la ruta afectó el abastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno. Restringió el traslado de pacientes y el trabajo de productores y transportes. Hubo víctimas, heridos, y pérdidas, cuyo impacto no debemos minimizar”, afirmó.
Ante esta situación, el 20 de junio, mediante decreto supremo, el presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción. En ese marco, las Fuerzas Armadas cumplieron funciones de apoyo a la Policía, protección de infraestructura crítica, resguardo de vías y contribución al restablecimiento de la transitabilidad.
Según el balance oficial presentado por el ministro, se registró una movilización acumulada de 26.917 efectivos militares en apoyo complementario y 151 acciones de desbloqueo en el conjunto de las operaciones interinstitucionales.
Justiniano remarcó que la actuación de las Fuerzas Armadas estuvo enmarcada en sus responsabilidades constitucionales y no tuvo como propósito enfrentar a la población.
“Las Fuerzas Armadas no están para enfrentarse al pueblo ni para decidir la política. Su deber es defender la Constitución, respetar la institucionalidad y contribuir a proteger a la población cuando así lo establece la ley”, sostuvo.
En esa línea, destacó que la democracia garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero también protege otros derechos fundamentales, como trabajar, recibir atención médica, abastecerse y circular libremente.
“La democracia garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero también protege el derecho a trabajar, recibir atención médica, abastecerse y circular. Defenderla es garantizar los derechos de todos dentro de la ley”, manifestó.
El ministro señaló que la experiencia de los 53 días de bloqueos confirmó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del Estado para responder ante situaciones de crisis, preservando el orden constitucional y los derechos de toda la población.