«El Dorado» operaba en el municipio de Quillacollo, en cercanías de Misicuni, según la denuncia planteada por la asambleísta departamental Claudia Martínez, quien también apuntó al gobernador Leonardo Loza
Por: eju.tv / Video: Claudia Martínez
Ante las denuncias sobre actividades mineras en inmediaciones de la cuenca de Misicuni, en Cochabamba, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) realizó una inspección técnica sorpresiva en el sector de Jjalpa Cueva, Distrito 9, con participación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Cochabamba, que anunció el proceso de reversión del derecho minero.
La intervención fue desarrollada por la instancia central del SERNAP y la Dirección del Parque Nacional Tunari, en el sector donde se encuentra la cuadrícula minera denominada «El Dorado», que operaba en «el área de influencia del Parque Nacional Tunari».
La actividad ilegal se ubica en el municipio de Quillacollo, en cercanías de Misicuni, según la denuncia planteada por la asambleísta departamental Claudia Martínez, quien también apuntó al gobernador Leonardo Loza por la supuesta falta de control y fiscalización.
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Durante la inspección se identificaron evidencias de actividades mineras recientes, aunque no se encontraron operadores ni maquinaria. Asimismo, no se contó con documentación que acreditara las autorizaciones ambientales y los permisos correspondientes para desarrollar estas actividades, informó el SERNAP.
El servicio dispuso citaciones y notificó al dirigente de la comunidad Jjalpa Cueva durante una reunión comunal, comunicando el inicio de las investigaciones y la paralización de las actividades mineras identificadas que no cuenten con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, considerando su ubicación en el área de influencia del Parque Nacional Tunari.
La institución anunció que continuará con las investigaciones técnicas y administrativas para establecer responsabilidades y determinar posibles afectaciones ambientales.
Denuncia
El director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, informó el jueves sobre la situación legal del área minera , donde se identificaron actividades de explotación aurífera informal e ilegal y posibles afectaciones ambientales.
La autoridad anunció el inicio del proceso de reversión del derecho minero, la suspensión de actividades, la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público y la coordinación de una intervención con la Policía Boliviana para frenar estas operaciones.
La autoridad precisó que el área comprende 13 cuadrículas y corresponde a un derecho minero preconstituido otorgado el 15 de noviembre de 2005, durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), a favor del actor productivo minero José Luis Eulogio Mir Franco.
Según la AJAM, el titular dejó de pagar las patentes mineras desde la gestión 2014 y tampoco solicitó el proceso de adecuación correspondiente, incumplimientos que dieron lugar a las acciones administrativas iniciadas por la actual gestión.