Jorge Santistevan sostiene que las pesquisas deben alcanzar al ámbito político y establecer si hubo dinero para asegurar votos en la elección del fiscal general.
eju.tv / Video: Red Uno
La investigación por los presuntos pagos a legisladores durante la elección de Roger Mariaca como fiscal general debe alcanzar a quienes participaron en el proceso desde el ámbito político, planteó Jorge Santistevan, secretario de Seguridad de la Gobernación de Santa Cruz, quien considera que las pesquisas no deben concentrarse únicamente en las exautoridades judiciales y fiscales mencionadas en el caso maletas.
La denuncia apunta a establecer si hubo transferencias o entregas de dinero para obtener votos en la Asamblea Legislativa durante la elección de Mariaca, en 2024. El Ministerio Público ya abrió diligencias preliminares para esclarecer esos hechos y realiza rastreos económicos, según informó el viceministro de Transparencia, Yamil García.
“¿Cómo es que una autoridad con tanto dinero que se distribuyó en asambleístas corruptos que recibieron dinero para darle el voto al fiscal general?”, cuestionó Santistevan durante la entrevista brindada a la red Uno.
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El secretario de Seguridad sostuvo que la investigación debe llegar al Legislativo y establecer si hubo actores políticos que protegieron a la presunta estructura criminal. La afirmación de Santistevan se produce cuando el caso ya está en etapa de investigación.
Foto: captura de pantalla
Por su parte, García informó que el proceso fue abierto contra autores aún no identificados y que se recogen testimonios de parlamentarios y exparlamentarios que manifestaron su disposición a aportar información.
El viceministro explicó que las pesquisas no buscan cuestionar la decisión política de los legisladores al votar, sino establecer si existieron movimientos económicos vinculados con esos votos. Para ello, se realizan rastreos financieros y se convocará a personas que puedan aportar información.
Santistevan también cuestionó que se investigue a algunos de los mencionados en las listas de personas con restricciones de visa de Estados Unidos y no a otros que, según dijo, continúan en espacios de poder. Sin embargo, una restricción migratoria no constituye por sí misma prueba de participación en un delito ni reemplaza las diligencias que debe realizar la Fiscalía.
La investigación deberá establecer si hubo pagos, quiénes los habrían realizado, quiénes los recibieron y si esas operaciones tuvieron relación con la elección de Mariaca. Hasta que existan elementos que lo acrediten, los presuntos sobornos y la responsabilidad de eventuales legisladores deben mantenerse en el terreno de las denuncias bajo investigación.