Consultada sobre los recientes hechos que involucran a autoridades del sistema judicial, aclaró que el TDJ no tiene atribuciones investigativas y que esa responsabilidad corresponde al Ministerio Público y a la Policía Boliviana.
eju.tv / Video: DTV
La nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Gladys Alba Franco, identificó la mora procesal como uno de los principales problemas que enfrenta la administración de justicia y anunció que su gestión estará enfocada en reducir los retrasos y garantizar respuestas oportunas a los litigantes y a la ciudadanía.
«La mora procesal, que es lo que nos consume, es el mal de todo el Órgano Judicial», afirmó Alba este viernes, luego de ser elegida por unanimidad y asumir la presidencia de la institución durante una sesión de Sala Plena.
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La autoridad señaló que uno de los principales desafíos será garantizar que los aproximadamente 250 jueces que ejercen funciones en la capital cruceña puedan desarrollar sus actividades con todas las garantías y cumplir con los plazos y responsabilidades de la administración de justicia.
«Tenemos que dar una respuesta pronta y oportuna a todos los litigantes y a la ciudadanía en general», sostuvo, al señalar que los vocales del TDJ, desde sus respectivas materias, deberán velar por el cumplimiento de ese objetivo.
Alba también destacó su trayectoria de más de 25 años en el Órgano Judicial. Explicó que inició su carrera como jueza técnica del Tribunal de Sentencia en lo Penal y posteriormente asumió funciones como vocal del Tribunal Departamental de Justicia, cargo que desempeña en su segunda gestión.
Consultada sobre los recientes hechos que involucran a autoridades del sistema judicial, aclaró que el TDJ no tiene atribuciones investigativas y que esa responsabilidad corresponde al Ministerio Público y a la Policía Boliviana.
La nueva presidenta también fue consultada sobre la renuncia de su antecesora, Irma Villavicencio, Alba explicó que, según lo establecido en el acta de Sala Plena, la decisión respondió a «motivos personales y familiares».
La designación de Alba Franco se produjo después de la renuncia de Villavicencio, quien dejó el cargo a menos de un mes de haber asumido la presidencia, tras la salida de Aldo Quezada. Este último renunció el 22 de octubre y en esta jornada fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de organización criminal, dentro del denominado caso maletas.
