Los representantes del sector minero apuntan a contar con las condiciones razonables y reglas claras para que las inversiones puedan desarrollarse, producir y también generar beneficios
Por Rodolfo Aliaga

Proyecto minero de la empresa New Pacific Metals en territorio boliviano
Fuente: La Razón
Las principales compañías mineras que operan en Bolivia identifican oportunidades de inversión, pero advierten que la falta de seguridad jurídica, la burocracia y las limitaciones del actual marco normativo frenan el desarrollo minero.
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El vicepresidente ejecutivo de New Pacific Metals, Hianny Romero; el vicepresidente corporativo de Minera San Cristóbal, Javier Diez de Medina; y la gerente general de la Asociación Nacional de Minería Mediana (ANMM), Ilse Beltrán, coinciden en que Bolivia atraviesa una oportunidad para recuperar su protagonismo en la minería internacional, impulsada por la creciente demanda mundial de minerales. Sin embargo, sostienen que el país necesita ofrecer reglas claras, estabilidad regulatoria y garantías para las inversiones de largo plazo.
Desde New Pacific Metals (NPM), Romero señaló que la compañía mantiene su apuesta por Bolivia mediante sus proyectos Silver Sand, en Potosí, y Carangas, en Oruro, que en conjunto contemplan inversiones referenciales cercanas a los $us 700 millones, sujetas a las condiciones necesarias para su desarrollo.
El ejecutivo explicó que Silver Sand cuenta con un contrato administrativo minero por adecuación, pero enfrenta retrasos por la presencia de minería ilegal y conflictos que dificultan el proceso de socialización con las comunidades. No obstante, espera superar estos obstáculos el próximo año.
En el caso de Carangas, indicó que el proyecto necesita la aprobación de dos leyes en la Asamblea Legislativa: la Ley de Necesidad de Estado y el Contrato Administrativo Minero. La empresa espera que ambas normas reciban aprobación a inicios de 2027.
“Nuestro objetivo es que ambos proyectos puedan materializarse progresivamente, conforme se consoliden las condiciones legales, técnicas, ambientales y financieras necesarias”, afirmó Romero a este medio de prensa.
Fuente: La Razón
