La oferta gubernamental chocó con el rechazo de varias gobernaciones. Analistas alertan que los acuerdos deben ser consensuados no solo en la distribución económica
Por Erika Ibáñez
Los gobernadores que firmaron una nota de rechazo al 1% de coparticipación Foto: ABI
Fuente: La Razón
La propuesta gubernamental de entregar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones desde 2027 representa el primer planteamiento concreto dentro de la agenda del 50/50, pero también se convirtió en el principal punto de desencuentro.
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El 9 de noviembre, siete de los nueve gobernadores del país emitieron un pronunciamiento conjunto para pedir al Ejecutivo que profundice el análisis de la propuesta del 1%. Las autoridades coincidieron en reclamar una distribución más justa de recursos.
La analista Susana Bejarano cuestiona que ese porcentaje esté condicionado al financiamiento de ítems de salud y considera que la medida se aleja de la promesa de mayor autonomía financiera a las regiones. «Es casi una propina».
Asimismo, advierte que una transferencia condicionada no equivale a una redistribución efectiva del poder de decisión sobre los recursos públicos.
La analista recuerda que la promesa del 50/50 fue uno de los compromisos centrales de Paz desde antes de asumir la Presidencia y que, por esa razón, las autoridades subnacionales tienen expectativas sobre su cumplimiento. «El momento que estás en el Estado y que te toca administrar, no quieres soltar el dinero».
Recursos limitados
Por su parte, Carlos Saavedra, analista, considera que el 1% debe analizarse dentro de un proceso mucho más amplio. A su juicio, el problema de fondo es que las gobernaciones cuentan con recursos limitados, en un país que también enfrenta restricciones económicas y fiscales.
“Está en discusión cómo se redistribuyen los recursos de coparticipación tributaria, no hay todavía un acuerdo ahí. Entonces creo que es un tema muy muy complejo que hace parte de reformas profundas y que no va a ser algo inmediato claramente”, explicó.
Otro de los obstáculos identificados por Bejarano es la falta de una revisión integral de las normas que regulan las competencias y atribuciones de los gobiernos subnacionales. Considera que el Ejecutivo debería identificar qué disposiciones legales impiden avanzar hacia una mayor autonomía, cuáles deben modificarse y qué mecanismos permitirán transferir las responsabilidades.
Falta planificación
La falta de una planificación también se refleja, según la analista, en las diferencias que existen entre departamentos en la administración de determinados servicios. Menciona, por ejemplo, que en Santa Cruz la distribución y el cobro del servicio de agua tienen una estructura distinta a la de La Paz, donde existe una participación más directa del nivel central.
Para Bejarano, estos casos muestran que la descentralización no parte de una estructura homogénea y que el Gobierno debe ordenar esas diferencias antes de una transformación.
Saavedra consideró que falta “mucho más aterrizaje conceptual y falta definir cuáles son los hitos del 50-50”. “Entiendo que esa debe ser una iniciativa del Gobierno, pero tiene que hacerlo en consenso con los actores que hacen parte de las autonomías. Claramente hace falta cerrar esa ruta y creo que es una responsabilidad del Gobierno con participación de todos los actores”, dijo.
Confrontación
La falta de acuerdos técnicos puede abrir un escenario de confrontación entre el Ejecutivo y las autoridades regionales. La agenda 50/50 se convirtió en una suerte de reivindicación para gobernadores y alcaldes que demandan más recursos para atender las necesidades de sus territorios.
En ese contexto, la diferencia sobre el 1% que ofreció el Gobierno como coparticipación tributaria puede profundizar las tensiones, especialmente en regiones que consideran que su aporte a la economía nacional no guarda correspondencia con que reciben.
Saavedra urgió la construcción de acuerdos institucionales para evitar que la descentralización se convierta en una disputa entre el liderazgo regional y el Gobierno central. «Se están disputando competencias, recursos, tareas, no va a ser un proceso fácil y seguramente va a tener momentos de acuerdo y momentos de desacuerdo», señala.
Bejarano también identifica un componente político en la discusión. Considera que la promesa del 50/50 otorga a las autoridades departamentales y municipales una herramienta para exigir recursos al Ejecutivo.
Para ambos analistas, el principal desafío del segundo año de Paz será pasar de las declaraciones y mesas de diálogo a una planificación concreta que permita fijar los alcances de la reforma.
Consenso
Saavedra plantea que el Gobierno debe liderar la definición conceptual del 50/50, pero con la participación de gobernadores y alcaldes. Considera que el consenso debe incluir tanto la dimensión económica como la distribución de competencias.
Bejarano, en tanto, sostiene que el Ejecutivo necesita presentar un plan que establezca qué tipo de Estado pretende construir y cuáles serán los pasos a seguir.
Fuente: La Razón
