Bolivia perfila las reglas para atraer inversiones con bonos de carbono


Créditos, pagos por resultados ambientales y servicios ecosistémicos figuran entre algunos mecanismos para conseguir capital. Esto está contemplado en el proyecto de ley de acceso a financiamiento climático

Bolivia perfila las reglas para atraer inversiones con bonos de carbono

El proyecto de Ley de acceso a financiamiento climático fue socializado en encuentros a nivel nacional

Fuente: El Deber



Por Erika Segales

Bolivia busca ampliar sus fuentes de financiamiento mediante un proyecto de ley que propone atraer inversiones nacionales y extranjeras hacia la conservación de la biodiversidad y la acción climática. La iniciativa contempla créditos de carbono, pagos por servicios ambientales y esquemas que combinan recursos públicos y privados. La apuesta busca aprovechar el patrimonio natural sin depender solo de créditos y donaciones.

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El proyecto de Ley Marco de Regulación y Articulación del Financiamiento Climático y de Biodiversidad pretende “movilizar recursos, atraer inversiones sostenibles, fortalecer capacidades institucionales y facilitar el acceso a mecanismos nacionales e internacionales de financiamiento”. Hace casi un mes, la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de Diputados; aún no es ley.

La norma también plantea una estructura de coordinación entre el Gobierno central, las gobernaciones, los municipios, las comunidades y el sector privado. Busca impulsar proyectos de conservación y adaptación climática.

“Son estrategias de conservación que buscan garantizar la estabilidad ambiental de nuestro país. De manera complementaria, pueden generar ingresos y dinamizar la economía”, señaló el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, durante la socialización del proyecto.

Cómo llegarían los recursos

Incluye instrumentos presupuestarios, concesionales, de mercado y cooperación, públicos, privados o mixtos. Entre ellos figuran los pagos por resultados, que remuneran avances ambientales verificados; los pagos por servicios ecosistémicos y ambientales, que reconocen beneficios derivados de la protección de la naturaleza, y el financiamiento combinado, que articula distintas fuentes de capital.

No todos aportan recursos inmediatos. Algunos pueden generar ingresos sin constituir deuda, mientras que otros, como ciertos esquemas de financiamiento combinado, pueden incorporar préstamos. Las condiciones dependerán de cada operación.

El texto también reconoce los créditos o bonos de carbono como activos ambientales que podrían integrar el patrimonio de sus titulares y ser administrados, transferidos o comercializados conforme a las reglas aplicables. Su rentabilidad dependerá de certificaciones, costos y demanda

La economista ambiental Carla Ledezma advierte que aprobar una norma no garantiza la llegada de capital. Los mercados de carbono, explica, están expuestos a fluctuaciones de precios y a gastos de certificación. A ello se añade una dificultad: en varios mecanismos los desembolsos se efectúan después de verificar los resultados del proyecto.

“En Bolivia más bien necesitamos que los recursos nos los otorguen antes, de forma que con ellos podamos hacer acciones para adaptación o para mitigación. Entonces, ahí hay un poco de desfase a nivel de tiempos”, sostuvo.

Ledezma identifica otra debilidad: la preparación de propuestas capaces de cumplir los requisitos de los financiadores internacionales. En una revisión del Fondo Verde para el Clima encontró que Bolivia había obtenido respaldo para un proyecto, frente a alrededor de 12 de Colombia y 10 de Brasil. La comparación corresponde a su revisión y no necesariamente representa el balance actual del fondo

Por eso, considera indispensable fortalecer equipos técnicos, reducir obstáculos burocráticos y coordinar mejor a las instituciones que diseñan y ejecutan iniciativas ambientales. Sin proyectos sólidos y verificables, advierte, la disponibilidad de instrumentos jurídicos puede quedar lejos de traducirse en inversiones reales.

Ledezma destaca también el canje de deuda por naturaleza, con el que podrían redirigirse recursos hacia la restauración de ecosistemas y la adaptación climática. También advierte tensiones entre conservar bosques y otras actividades económicas.

El debate de fondo no se limita a crear nuevas opciones para captar dinero. Se trata de definir quién accederá a los fondos, cómo se distribuirán los beneficios y qué controles asegurarán que los recursos se conviertan en resultados ambientales medibles.