La caída de Mariaca, Saucedo y fiscales y jueces, refleja el colapso del sistema y salpica a todos los órganos del Estado, concluyen tres expertos. Además es la señal más clara de que la elección de magistrados por voto, es un fracaso.
El presagio de un “octubre negro” se cumplió en Bolivia, pero esta vez golpeó a la cúpula de la justicia. Desde el 30 de septiembre hasta bien entrado este mes de noviembre, causas por narcotráfico, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas alcanzaron a fiscales, jueces, policías y autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El escándalo coincide con indicadores de un grave rezago internacional.
Todo comenzó con la aprehensión de Róger Mariaca y Alberto Zeballos acusados de proteger las actividades del narcotráficante Sebastián Marset. Luego, el ‘caso maletas’ implicó a Rómer Saucedo, cuando él aún presidía el TSJ, además de su entorno.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció una estructura que protegió operaciones del narcotráfico desde la justicia. Las denuncias exhiben fallas de control en la Fiscalía, el TSJ y la Magistratura. También reabren el debate sobre la influencia política. Según juristas, el problema supera las conductas individuales porque abarca los controles y la selección de autoridades.
Un país rezagado en justicia
El Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP), publicado a finales de octubre, sitúa a Bolivia en el puesto 130 entre 143 países, con una calificación de 0,37 sobre 1. Subió un lugar desde 2025, pero su puntuación global sigue estancada. En Latinoamérica ocupa la posición 29 de 32, solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela.
El dato más severo corresponde a justicia penal. Bolivia ocupa el puesto 142 de 143, el penúltimo del mundo, con 0,19 puntos. El factor mide investigaciones, rapidez procesal, garantías e independencia judicial. La justicia civil permanece en el puesto 140, con 0,30 puntos, con demoras y dificultades complejas de acceso y cumplimiento de fallos.
En ausencia de corrupción, Bolivia avanzó del puesto 141 al 140 y su puntuación pasó de 0,23 a 0,24. Sigue, sin embargo, en el lugar 31 entre 32 países de la región. El factor analiza el posible uso de cargos estatales para obtener beneficios privados en el Ejecutivo, el Legislativo, los tribunales y los organismos de seguridad. Esas leves mejoras contrastan con causas abiertas contra exautoridades.
De la Fiscalía al TSJ
Mariaca permanece con detención preventiva en Cantumarca, Potosí, por procesos de presunto narcotráfico, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Zeballos fue enviado a El Abra; el exfiscal Martín Irusta, a Patacamaya, y el mayor de Policía Rubén Aparicio, a Chonchocoro.
Otro expediente contra Mariaca surgió tras el hallazgo de Bs 3,5 millones y dólares en una ambulancia que salió de su vivienda el día de su aprehensión. Tras ese actuado, se ejecutaron al menos 11 allanamientos en propiedades con Mariaca cuando era fiscal.
Otras pesquisas mencionan al exfiscal departamental de La Paz Luis Carlos Torrez, la fiscal Delmy Guzmán, el exjuez Heber Zeballos y Mauricio Requena, exasesor de Saucedo. Saucedo salió del país, negó vínculos con el narcotráfico y denunció persecución. Los casos tienen alcances diferentes, tanto en delitos investigados como en situación procesal.
Eso sí. El caso Maletas dejó dos sentencias el 13 de noviembre. Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y el exfiscal antidroga Julio César Porras aceptaron procedimientos abreviados y fueron condenados, cada uno, a tres años por organización criminal. Pero sigue sin aclararse quién organizó el traslado de las valijas, qué contenían y dónde terminaron. Aunque autoridades afirman haber identificado a sus principales responsables, continúan las preguntas sobre el recorrido de las maletas y las pruebas materiales.
Las condenas dejan una pregunta central. ¿Cómo garantizar investigaciones independientes cuando entre los investigados aparecen quienes hasta hace poco dirigían los organismos responsables de impartir justicia?
Piden una reforma de fondo
Para la abogada Audalia Zurita, los supuestos nexos entre justicia y narcotráfico eran “un secreto a voces”. Lo nuevo, dice, es la pugna que alcanzó a las cúpulas. “Lo peculiar y lo llamativo es que se ha presentado una guerra de poder”, afirmó tras referirse a la caída de las máximas autoridades. Ve también una disputa por el control institucional.
Para el abogado Jorge Santistevan, “el sistema judicial boliviano ha colapsado estructuralmente”. Atribuye el deterioro a intereses partidarios y del narcotráfico, con la población indefensa. Rechaza soluciones superficiales. “Se requiere una reingeniería radical y un nuevo pacto constitucional sobre la justicia”, apostilló.
El constitucionalista Marco Baldivieso pide investigar al Consejo de la Magistratura y revisar la selección de jueces y fiscales. Cree que el voto popular profundiza la politización. “Yo creo que esta es la señal definitiva, por lo menos en Bolivia, porque la elección de magistrados no sirve”, sostiene.
Los tres especialistas cuestionan, además, el sistema de designaciones que vincula a la justicia con las mayorías políticas de la Asamblea Legislativa. Proponen revisar la elección judicial y la selección del fiscal general, que corresponde a la Asamblea Legislativa, para reducir las cuotas partidarias y mejorar la evaluación de méritos.
En este contexto, Bolivia afronta dos desafíos. Por un a parte, establecer responsabilidades con pruebas y debido proceso, y recuperar la independencia judicial, además de la confianza ciudadana, un aspecto que demanda una reforma a la Constitución Política.
De este modo, y de acuerdo con los especialistas, el “octubre negro” de la justicia dejó al descubierto una crisis que no se resolverá únicamente con más aprehensiones.
