El director del SEA, Alfonso Lema, explicó que el monto corresponde a recursos que pasarían del Ministerio a los gobiernos departamentales si se aprobaba una modificación normativa. El anteproyecto fue suspendido y será sometido a una evaluación con los sectores involucrados.
eju.tv / Video: BTV
La propuesta de transferir a las gobernaciones la administración de los institutos técnicos, tecnológicos y de formación artística contemplaba el traslado de aproximadamente Bs 663 millones, según informó el director del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Alfonso Lema.
El planteamiento buscaba que los gobiernos departamentales asumieran mayor control sobre la gestión de estos centros educativos y contaran con los recursos necesarios para ejercer esa responsabilidad.
“La proyección que se tenía era de 663 millones de bolivianos que, de estar en cuentas del ministerio, si se aprobase alguna normativa como esta, pasasen a los gobiernos autónomos departamentales”, señaló Lema este lunes.
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El director del SEA explicó que las gobernaciones actualmente tienen responsabilidades relacionadas con servicios básicos e infraestructura de los institutos, pero no pueden intervenir directamente en aspectos de su administración, como el control del personal. La iniciativa buscaba modificar ese esquema mediante cambios normativos y la transferencia de recursos.
Sin embargo, el anteproyecto de ley quedó suspendido después del acuerdo alcanzado el 11 de noviembre entre el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Autonomías y la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural, con mediación de la Defensoría del Pueblo.

“Entendemos que eso está en statu quo, seguramente el Ministerio (de Educación) y las otras instancias desarrollarán una estrategia de diálogo, de concertación con los actores involucrados. Recordemos que los institutos técnicos, tecnológicos y de formación artística son parte del subsistema de educación superior y formación profesional”, apuntó.
Las partes acordaron realizar una evaluación integral y participativa, mediante mesas técnicas regionales, para definir la viabilidad de una eventual transferencia administrativa y construir un nuevo modelo de gestión. Al respecto, Lema recordó que «si bien hay que escuchar la voz de otros actores, los responsables directos son quienes son parte de la educación superior y la formación profesional».
El Gobierno había manejado otras estimaciones sobre los recursos involucrados. El 4 de noviembre, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, habló de cerca de Bs 650 millones para cubrir el componente de recursos humanos. Por su parte, el Ministerio de Educación mencionó aproximadamente Bs 640 millones destinados al pago de salarios.
El acuerdo con el Magisterio también ratificó que la educación continuará siendo pública, fiscal y gratuita, y que el Ministerio de Educación mantendrá el cumplimiento de la normativa vigente mientras se desarrolla la evaluación del nuevo modelo.