El reporte presentado por el fiscal Urioste demuestra cómo redes criminales penetraron al Estado mediante funcionarios, filtraciones, acceso a datos y manejo de bienes, en medio del ‘caso ROMA’ y del ‘caso maletas’.
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La crisis judicial boliviana no se limita a procesos contra exautoridades. Las pesquisas por narcotráfico y corrupción describen, además, ocho vías de presunta infiltración criminal que van desde el acceso a información reservada de ‘terceros’ hasta la influencia sobre funcionarios.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, abordó ayer este fenómeno en Trinidad, Beni, en medio del ‘caso ROMA’ y ‘caso maletas’ que provocaron un sacudón judicial que llegó hasta las más altas autoridades de este poder del Estado.
“La corrupción y el crimen organizado son dos caras de una misma moneda”, afirmó Urioste en el foro Justicia en Transición: Desafíos Constitucionales, Penales, Agroambientales e Institucionales tras referirse a la nueva estrategia anticrimen de su cartera. Describió de ese modo una relación “simbiótica” entre organismos estatales y criminales, que alcanzaron a la propia Fiscalía. Las ocho vías o mecanismos —apostilló el fiscal— surgen de relacionar las denuncias con los expedientes abiertos.
La primera es la captación de funcionarios con poder de decisión. El exfiscal general Róger Mariaca permanece detenido en Cantumarca, investigado por presuntos vínculos con una red de protección al narcotráfico. Las pesquisas alcanzan a exfiscales y policías. Se indaga si ciertos cargos sirvieron para ofrecer protección e impunidad, mediante omisiones, decisiones o favores a personas perseguidas por la justicia. La investigación debe precisar quién intervino y cómo.
La segunda es la filtración de operativos. Se indaga si el entorno del narcotraficante Sebastián Marset recibió información antes del operativo del que escapó en Santa Cruz en julio de 2023.
La tercera es el acceso informático. Urioste denunció que personas ajenas a la Fiscalía, incluido Marset, accedieron al sistema ROMA y a información sobre órdenes judiciales. La plataforma se creó en la gestión Mariaca y fue rebautizada.
La cuarta es el uso de influencias judiciales. Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia cruceño, declaró que Rómer Saucedo, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, le pidió gestionar permisos de viaje para las hijas de Laura Rojas. La exdiputada fue vinculada al vuelo del denominado caso Maletas.
La quinta es la vulneración de controles. La Aduana investigó la salida sin revisión de las 32 maletas que llegaron a Viru Viru y cuestionó el uso de un pasaporte diplomático caducado por Rojas. Resta aclarar si hubo negligencia o complicidad en este proceso legal.
La sexta es el manejo de dinero y bienes. En el caso Mariaca se investigan vehículos de lujo, inmuebles y dinero. El Ministerio de Gobierno reportó 33 allanamientos, 46 vehículos, cinco inmuebles y más de Bs 5 millones y $us 407.000 secuestrados. Urioste planteó la “neutralización financiera de la red criminal” como objetivo de su estrategia.
La séptima está relacionada con bienes incautados. Vehículos decomisados en operativos contra Marset pasaron al Órgano Judicial y uno fue asignado a Saucedo. Se cuestiona el control de esos bienes, aunque su cesión no se hizo en su gestión, un dato que puede revelar el tiempo que operó la red.
La octava es la fragilidad institucional. Urioste reconoció que la Fiscalía Superior especializada en crimen organizado era “absolutamente teórica”, sin un brazo operativo propio. Añadió que “las investigaciones eran fragmentadas sin una visión de estructura criminal”. De hecho, Martín Irusta fue el fiscal superior en la era de Mariaca. Ahora está detenido en Patacamaya.
Según Urioste, tampoco existía una coordinación transversal de las investigaciones y había vulnerabilidad ante presiones políticas y económicas. Esas fallas facilitaron espacios de impunidad.
Urioste anunció la conformación de equipos especializados, rastreo financiero, cooperación y protección de testigos. También defendió los procedimientos abreviados como “mecanismos necesarios para desestructurar” las organizaciones. Quezada y el exfiscal Julio César Porras recibieron condenas de tres años por esa vía en el caso Maletas. Ambos fueron aprehendidos nuevamente y trasladados ayer a La Paz, esta vez por el ‘caso ROMA’.
Las causas alcanzan a quienes dirigieron instituciones encargadas de combatir el delito.
