Quezada y Porras son imputados por narcotráfico y organización criminal; Trump propone embajadora para Bolivia


Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Quezada y Porras llegan a La Paz para declarar por el caso RomaAldo Quezada y Julio César Porras son trasladados a la FELCC de La Paz. Foto: APG

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Quezada y Porras son imputados por tráfico de sustancias y organización criminal. Migración activa una alerta contra Evo Morales por el caso de los 53 días de bloqueo. Trump propone a Kara Frederick como embajadora de Estados Unidos en Bolivia. Cancillería investiga un incidente informático y verifica si hubo exposición de datos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

La Fiscalía imputó formalmente a Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y a Julio César Porras, exfiscal antinarcóticos, por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, dentro de la investigación contra el exfiscal general Roger Mariaca. Ambos permanecen en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar. El fiscal Daniel Portales confirmó que la imputación ya fue emitida, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el caso. Quezada y Porras habían sido aprehendidos inicialmente por su vinculación con el ingreso de 31 maletas que contenían marihuana al aeropuerto de Viru Viru. El viernes pasado se sometieron a un procedimiento abreviado, reconocieron su responsabilidad y recibieron una condena de tres años de prisión.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Kara Frederick como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de su país en Bolivia. La Casa Blanca informó que la propuesta fue remitida al Senado estadounidense para su consideración, por lo que todavía requiere la aprobación legislativa antes de que pueda asumir funciones. Frederick es de California y tiene experiencia en áreas vinculadas con inteligencia, seguridad nacional, contraterrorismo y políticas tecnológicas. En su trayectoria figuran el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, Facebook y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. También fue directora de Política Tecnológica de The Heritage Foundation. La nominación se produce en el marco del acercamiento entre los gobiernos de Rodrigo Paz y Donald Trump para restablecer el intercambio de embajadores.

El general Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, secretario general permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), es investigado por su presunta participación en el direccionamiento de la compra de 13 radares, de los cuales solo dos funcionan sin problemas. La jefa de la División de Corrupción Pública de la FELCC, mayor Deysi Mercado, explicó que Mendizábal estuvo a cargo del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control del Tránsito Aéreo (Sidacta) y que, como unidad solicitante, habría influido en los requerimientos para favorecer a una sola empresa. El contrato fue adjudicado a la firma francesa Thales Air Systems por 191 millones de euros, bajo la modalidad llave en mano. El general se abstuvo de declarar después de su aprehensión.

La Dirección General de Migración activó una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales, a solicitud de la Fiscalía, dentro del proceso relacionado con los 53 días de bloqueo registrados en mayo y junio. El director general de Migración, Daniel Prieto, informó que la solicitud ingresó el viernes a esa institución y fue ordenada por el fiscal Glauco Montero, a raíz de una denuncia presentada por Stello Cochamanidis. La disposición menciona el delito de alzamiento armado y establece que Morales no podrá salir del país. El exmandatario permanece en el Chapare desde noviembre de 2024 y tiene al menos dos órdenes de aprehensión vigentes. La demanda por las medidas de presión también alcanza al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al dirigente campesino Vicente Salazar.

La audiencia de Fernando Gabriel Cerimedo, en la que su defensa buscaba la cesación de la detención preventiva por el proceso de presunto enriquecimiento ilícito, fue suspendida por segunda vez debido a problemas de conexión a internet en el penal de Chonchocoro. El abogado Ernesto Giraldes explicó que el recinto penitenciario informó que no había conexión en la sala habilitada para las audiencias virtuales. La sesión fue reprogramada para este miércoles 18 de noviembre, a las 16:30. El jurista indicó que la defensa lleva aproximadamente una semana intentando instalar la audiencia para que el juez valore la documentación presentada con el fin de desvirtuar los riesgos procesales. Si persisten las fallas técnicas, solicitarán que Cerimedo sea trasladado al juzgado para comparecer de manera presencial.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió al Gobierno que informe las fechas exactas para un eventual retiro de la subvención a los combustibles. Su presidente, Gonzalo Morales, señaló que el sector necesita certidumbre y no puede organizar sus actividades sobre la base de supuestos. La posición fue expresada después de las distintas versiones que surgieron dentro del Gobierno sobre cuándo se modificaría la política de subsidios a la gasolina. Morales advirtió que una eliminación total de la subvención podría generar inflación y afectar a las industrias, debido a que el combustible interviene en distintas etapas de la producción. Para enfrentar ese escenario, planteó cinco medidas: provisión permanente de dólares, seguridad jurídica, una nueva Ley de Inversiones, reducción de impuestos para importar maquinaria y créditos productivos.

La Confederación de Choferes de Bolivia expresó su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno retire la subvención a la gasolina desde el próximo año. El dirigente del sector, Víctor Tarqui, afirmó que el autotransporte rechaza de manera contundente esa medida y cuestionó quién asumiría el costo de un eventual incremento del combustible. El representante justificó la posición del gremio al señalar que la población no atraviesa una situación económica holgada y que un cambio en el precio de la gasolina tendría consecuencias para los usuarios del transporte. La declaración se produjo después de que surgieran versiones dentro del Gobierno sobre una posible fecha para dejar de subvencionar ese carburante. El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, mencionó el 12 de enero de 2027 como fecha para el fin de la subvención.

La Policía Boliviana puso en funcionamiento la línea gratuita 113 y el Sistema Informático de Gestión y Monitoreo de Denuncias de Corrupción, versión 2.0, para recibir reportes sobre abusos y hechos irregulares cometidos por efectivos policiales. El comandante general de la institución, Adrián Álvarez, afirmó que “no todos los policías somos corruptos” y sostuvo que la mayoría de los uniformados cumple sus funciones con honor y dignidad. La nueva línea telefónica permitirá que la ciudadanía presente quejas directamente y sin costo. El sistema informático también recibirá denuncias sobre posibles actos de corrupción. Álvarez señaló que los mecanismos buscan transparentar el trabajo policial y acercar la institución a la población. Aseguró que los efectivos vinculados con ilícitos representan un grupo reducido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reportó una vulneración informática en sus sistemas y activó protocolos de contención para establecer qué ocurrió y si hubo acceso no autorizado o exposición de información. La Cancillería informó, mediante un comunicado, que inició los análisis correspondientes para determinar las circunstancias del incidente y definir si se requieren medidas adicionales de protección. La institución no precisó mayores detalles sobre el ataque ni informó qué sistemas pudieron haber sido afectados. También señaló que trabaja en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) para reforzar la seguridad de sus plataformas digitales. La cartera de Estado sostuvo que su prioridad es proteger la información institucional y los datos personales.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) decomisó alrededor de 11.000 litros de combustibles, entre diésel y gasolina, durante tres operativos realizados en Tupiza, Ocurí y Pampa Huma, en el norte de Potosí. Las intervenciones detectaron irregularidades en el transporte, almacenamiento y comercialización de carburantes. El mayor decomiso se produjo en Tupiza, donde los inspectores identificaron una cisterna que había cargado irregularmente 10.000 litros de diésel. El director distrital de la ANH en Potosí, Luis Antezana, informó que dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con el transporte no autorizado. La cisterna y el combustible fueron entregados a YPFB para los análisis correspondientes y su posterior comercialización conforme a la normativa.