Según el Ministerio de Defensa, una auditoría interna identificó un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones.
Por eju.tv / La Paz / Video: Visión 360
El Gobierno nacional calificó como de “gran magnitud” el caso Radares, debido a que el presunto daño económico al Estado supera los Bs 1.400 millones.
La postura fue expresada por el viceministro de Transparencia, Yamil García, quien sigue de cerca el proceso y aguarda el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares del general Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, quien presuntamente habría direccionado la compra de los 13 radares, de los cuales solo dos funcionan sin problemas.
“El caso de los Radares genera, en relación con su gravedad, un presumible daño económico que supera los 1.400 millones de bolivianos; es decir, estamos ante un caso de gran magnitud”, indicó García en conferencia de prensa.
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La denuncia fue presentada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el 15 de septiembre, contra los exministros Edmundo Novillo, Luis Fernando López Julio, Javier Zavaleta López y Reymi Ferreira Justiniano, además de otras 15 personas.
El proyecto fue adjudicado en 2016 a la empresa Thales Air Systems por 191,07 millones de euros, con un plazo inicial de ejecución de 31 meses. Sin embargo, se firmaron siete contratos modificatorios y la entrega definitiva se realizó en diciembre de 2024, pese a que estaba programada para mayo de 2019.
Entre los principales hallazgos técnicos se identificaron observaciones en 11 de los 13 radares del sistema: dos operaban sin observaciones, nueve presentaban observaciones y otros dos se encontraban fuera de servicio. Estos resultados contrastan con el registro de una ejecución física del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
Según el Ministerio de Defensa, la auditoría interna identificó un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones.
El viceministro de Transparencia, Yamil García. Foto: Captura de pantalla
En el marco de este proceso, el exministro Novillo cumple detención domiciliaria, mientras que el lunes fue aprehendido el general de División Aérea Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, quien el 17 de septiembre juró como secretario general permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia (Cosdep).
Al respecto, García aclaró que Mendizábal no está involucrado en el caso por “ser miembro del COSD, sino por los hechos o por la función que había tenido dentro del proyecto” del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control del Tránsito Aéreo (Sidacta).
De acuerdo con las investigaciones, Mendizábal habría direccionado la compra de los 13 radares, de los cuales solo dos funcionan sin problemas.
Tras su aprehensión, el general se abstuvo de declarar. La Fiscalía dispuso su aprehensión con respaldo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, por la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales.
“Lo que corresponde ahora es una audiencia de medidas cautelares para que se vaya a definir cuál va a ser la situación de esta autoridad y, como Viceministerio de Transparencia, nosotros también vamos a ser parte de esta audiencia”, adelantó García.
El lunes, el exministro Javier Zavaleta debía declarar por este caso; sin embargo, su audiencia fue reprogramada para el jueves debido a que acudió sin su abogado.
