Audios del caso AISEM dividen a legisladores: Unos denuncian posible extorsión y otros hablan de boicot


El diputado Diego Brañez advierte que puede evidenciarse el uso de herramientas legislativas para conseguir esos cargos. Mientras que, el jefe de bancada del PDC asegura que los audios fueron editados para desacreditar a sus colegas.

eju.tv / Video: Gigavisión y DTV

La difusión de audios atribuidos a los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, relacionados con presuntas presiones a la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Mery Daniela Quiroga Claure, generó posiciones divididas entre legisladores.



Mientras algunos advierten que, si se confirma la autenticidad de las grabaciones, puede tratarse de un caso de extorsión para conseguir cargos públicos, otros sostienen que se trata de un boicot para perjudicar la imagen de las nuevas autoridades.

El diputado de Súmate, Diego Brañez, consideró que el contenido de las grabaciones debe investigarse, debido a que puede revelar el uso de instrumentos de fiscalización legislativa, como peticiones de informe escrito y oral (PIE y PIO), para presionar por espacios laborales en instituciones estatales.

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«Me parece que aquí hay un cierto tipo de extorsión», manifestó Brañez, quien también mencionó que algunas interpelaciones al Ministerio de Salud habrían sido retiradas y que se debe establecer si esas acciones estuvieron relacionadas con solicitudes de contratación de personal.

El legislador aclaró que no necesariamente se busca llevar el caso al Comité de Ética, sino esclarecer los hechos. Asimismo, advirtió que, si los audios no son auténticos, su difusión podría quedar como un hecho mediático que perjudique la imagen de los involucrados.

 

Desde el PDC, el diputado y jefe de bancada, Óscar García, rechazó las acusaciones y aseguró que las grabaciones fueron editadas para desacreditar a sus colegas. Incluso afirmó que «mete las manos al fuego» por Bilbao y Medinaceli, al considerar que existe un intento de boicot contra los legisladores.

García sostuvo que funcionarios que permanecen en sus cargos desde hace 20 años se resisten a los cambios en las instituciones públicas y cuestionó que se pretenda impedir la renovación de personal. También defendió la posibilidad de gestionar oportunidades laborales para personas que participaron en la campaña electoral que llevó a Rodrigo Paz al Gobierno.

«Yo meto las manos al fuego porque todo es editado», afirmó, al insistir en que la difusión de estos registros forma parte de ataques que anteriormente también se habrían dirigido contra autoridades del Órgano Ejecutivo.

Fotocomposición elaborado por Brújula Digital.

 

Por su parte, el diputado del PDC Manolo Rojas asumió una posición más cautelosa y pidió al Ministerio Público investigar de oficio las grabaciones, además de solicitar a su colega Alejandro Medinaceli que explique el contexto de la llamada a la exdirectora de la AISEM.

«No podemos permitir ningún tipo de acoso contra una autoridad, menos contra las mujeres, a quienes les cuesta tanto llegar a esos cargos», manifestó Rojas.

El legislador señaló que recomendar a profesionales que participaron en campañas políticas para ocupar espacios laborales no constituye necesariamente una irregularidad, siempre que exista una evaluación por méritos, se cumplan los requisitos y no se ejerzan presiones.

Asimismo, anunció que la bancada del PDC convocará a una reunión para escuchar las versiones de Bilbao y Medinaceli y asumir una posición sobre lo ocurrido.

En tanto, el diputado de la alianza Unidad, Alejandro Reyes, restó importancia a las grabaciones y sostuvo que su difusión busca desestabilizar la imagen de la Asamblea Legislativa y de sus integrantes. Afirmó que se trata de rumores sin autoría intelectual ni material identificada y pidió no hacer eco de esos contenidos.

Los pronunciamientos surgen después de que, entre el lunes y este martes, se difundieron audios que vinculan a dos legisladores del PDC con presuntas presiones a la entonces directora de la AISEM para destituir a funcionarios de anteriores gestiones gubernamentales y contratar a nuevas personas.

La eventual confirmación de la autenticidad de las grabaciones será clave para establecer el contexto de las conversaciones y determinar si existieron presiones indebidas para conseguir cargos públicos.