Caso Mariaca: Atacan a Zeballos, el exfiscal general teme por su vida y EEUU busca probar los sobornos


El atentado contra Alberto Zeballos en El Abra precipitó pedidos de traslado y puso bajo cuestionamiento la seguridad penitenciaria. Róger Mariaca apuró a sus abogados: “Para el lunes es tarde”. El fiscal general interino habla de una estructura de protección al narcotráfico y Estados Unidos busca incorporar pruebas de los sobornos que habría pagado Marset a funcionarios de cuatro países.

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos

 

eju.tv



La investigación por la presunta red de corrupción dentro del Ministerio Público sumó nuevos episodios que complican la situación de los exfuncionarios involucrados. El ataque armado contra Alberto Zeballos en la cárcel de El Abra, el temor expresado por Róger Mariaca desde Cantumarca, las nuevas revelaciones del fiscal general interino, José Armando Urioste, y los avances de la Fiscalía estadounidense sobre los presuntos sobornos pagados por Sebastián Marset configuran el panorama más reciente de un caso que sigue abriendo nuevos frentes.

El hecho que encendió las alarmas ocurrió el miércoles 18 de noviembre, cuando Zeballos, exfiscal departamental de Santa Cruz, fue atacado a tiros dentro del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba. Los investigadores encontraron diez impactos de bala en la puerta de su celda, nueve vainas servidas y un arma calibre nueve milímetros.

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Policías resguardan el perímetro del centro penitenciario El Abra

 

El exfiscal no recibió impactos de bala y el examen forense identificó únicamente una lesión superficial en la nariz. La Policía identificó a tres ciudadanos brasileños, Flávio Moreira, Gabriel Silva Do Santos y Oscar Junior Terra Días, como presuntos autores, además de investigar a un interno boliviano.

El móvil del atentado todavía no está esclarecido. La Fiscalía abrió una investigación para determinar cómo ingresaron el arma de fuego y sustancias controladas al recinto, además de establecer si hubo colaboración de funcionarios penitenciarios.

El ministro Marco Antonio Oviedo

 

“Se va a iniciar una investigación de oficio a objeto de determinar si la presencia de esta arma de fuego, así como la sustancia controlada, obedece a circunstancias de colaboración que habría realizado personal interno o externo del centro penitenciario”, informó el fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez.

La defensa de Zeballos solicitó su traslado inmediato a Palmasola, en Santa Cruz, por razones de seguridad y salud. Su abogado, César Rojas, informó que el exfiscal permanece afectado emocionalmente por el ataque y anunció que pedirá una valoración psicológica. También argumentó que su defendido tiene una afección cardíaca que le impide permanecer en lugares situados por encima de los 2.000 metros de altura.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó que la solicitud está en trámite y señaló que los atacantes pertenecerían al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC). No obstante, evitó adelantar conclusiones sobre el móvil. “No queremos dar una resolución a priori”, manifestó. La autoridad también sostuvo que en el expediente todavía no existen elementos que demuestren una colaboración de Zeballos con Marset.

Mariaca, el día de su aprehensión

 

“Para el lunes es tarde”

El atentado tuvo otra repercusión inmediata en el caso Mariaca. El exfiscal general, detenido preventivamente en el penal de Cantumarca, en Potosí, pidió a sus abogados que acudan con urgencia para gestionar su traslado a Palmasola, según reveló su defensor, Jerjes Justiniano.

“Hoy en una audiencia de apelación pidió que vayamos los abogados, que es urgente que hable con nosotros porque dijo textual: ‘Para el lunes es tarde’”, relató el jurista. La audiencia de apelación fue suspendida y la defensa anunció que presentará las solicitudes correspondientes para conseguir el traslado.

La preocupación de Mariaca se conoce después de que sus abogados denunciaran presuntas restricciones de acceso al agua potable, dificultades para recibir medicamentos, incomunicación y malos tratos en Cantumarca. El ataque contra Zeballos elevó la inquietud de la defensa sobre las condiciones de seguridad de su cliente.

Urios​​te lanza nuevas acusaciones

Mientras los dos exfiscales buscan cambiar de recinto penitenciario, Urioste expuso nuevas afirmaciones sobre la presunta estructura de corrupción que habría operado dentro del Ministerio Público. En una entrevista con el programa No Mentirás, aseguró que existen testigos protegidos que aportan información sobre los movimientos económicos de Mariaca.

“No solo hay el video que lo vincula con Marset”, afirmó. La autoridad sostuvo que los ingresos declarados por el exfiscal no guardarían relación con su patrimonio y que se investigan propiedades, operaciones económicas y recursos que habrían salido al extranjero.

Urioste fue más allá y calificó a Mariaca como “totalmente vinculado a Marset”, al que atribuyó un papel central en la presunta protección al crimen organizado. También mencionó a Alberto Zeballos, Martín Irusta, Porras y Quezada como parte de la estructura que, según su versión, operaba alrededor del exfiscal general.

Sobre Zeballos, señaló que habría formado parte del primer anillo de seguridad de Mariaca y que los integrantes de esa estructura cumplían funciones de recaudación. Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser contrastadas con los elementos de prueba y las declaraciones incorporadas a los expedientes.

El fiscal general interino también aseguró que la fortuna atribuida a Mariaca superaría los 2.000 millones de dólares, mientras que la de Romer Saucedo alcanzaría los tres millones. Dijo que se siguen identificando propiedades y que existen indicios de movimientos de dinero fuera del país. Se trata de cifras y acusaciones expuestas por Urioste que todavía deben ser sustentadas en la investigación.

En relación con Saucedo, afirmó que las pesquisas apuntan a que se encontraría en Corumbá, Brasil, aunque dijo que no tiene conocimiento de que haya solicitado asilo político. También mencionó una investigación sobre la recepción de un millón de bolivianos por parte de una hermana del exmagistrado y sostuvo que la Policía brasileña está cooperando con las pesquisas.

Oviedo admite la crisis penitenciaria

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció que el ataque contra Zeballos expone las deficiencias del sistema penitenciario boliviano. La autoridad admitió que la crisis no se limita a la infraestructura, sino que también alcanza a la administración de los recintos.

“Hay un sistema de régimen penitenciario en crisis, no solamente de infraestructura, sino de administración, no tener gente profesional que administre los centros penitenciarios”, manifestó.

Oviedo también informó que los primeros reportes apuntan a la participación de ciudadanos brasileños en el atentado. La declaración adquiere relevancia porque el ataque ocurrió en un penal de máxima seguridad y con un arma de fuego que ahora es objeto de investigación.

EEUU busca probar los sobornos

El caso también tiene un frente internacional. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez federal Rossie Alston Jr. autorización para incorporar al juicio contra Marset comunicaciones y documentos relacionados con presuntos sobornos a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Según los documentos judiciales citados por el periódcio El Deber y la investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), los fiscales sostienen que Marset pagó a funcionarios para obtener información y protección frente a las autoridades.

“Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, sostiene el escrito presentado por la Fiscalía estadounidense.

En el caso boliviano, los investigadores señalan que los pagos habrían permitido acceder a expedientes de narcotráfico, conocer operativos y recibir información sobre reuniones entre agentes de la DEA y autoridades nacionales. También se menciona un supuesto mecanismo de pagos periódicos a un alto funcionario que posteriormente distribuía el dinero entre otros integrantes del Gobierno. Los documentos conocidos no identifican a todos los presuntos beneficiarios ni establecen de manera definitiva sus responsabilidades.

La Fiscalía estadounidense pretende incorporar, además, comunicaciones cifradas de la plataforma Sky ECC, que atribuye a integrantes de la organización de Marset. La defensa del narcotraficante cuestiona la utilización de esos mensajes y la admisión de las pruebas todavía está sujeta a decisión judicial.

Las investigaciones financieras estadounidenses rastrearon transferencias millonarias y empresas utilizadas para lavar las ganancias del narcotráfico. Entre los antecedentes figura el circuito financiero atribuido a Marset y su socio Federico Santoro Vassallo, condenado en Estados Unidos a 15 años de prisión.

El juicio con jurado contra Marset está previsto para el 11 de enero de 2027 en Virginia. Esta semana, el juez rechazó recursos de la defensa para excluir determinadas declaraciones y evidencias obtenidas después de su captura en Santa Cruz, por lo que el proceso mantiene su curso.

Mientras tanto, en el país, el caso Mariaca continúa sumando declaraciones, denuncias y nuevos elementos de investigación. El ataque contra Zeballos, el pedido urgente de traslado del exfiscal general, las acusaciones sobre movimientos millonarios y las pesquisas internacionales sobre sobornos colocan bajo la lupa a quienes habrían tenido responsabilidades dentro del Ministerio Público.

Todavía quedan por esclarecer el alcance de la presunta estructura, sus integrantes y el destino de los recursos que, según las autoridades, habrían servido para proteger actividades del narcotráfico.