La entidad prepara informes sobre recursos entregados a la Gobernación y alcaldías. También verificará la construcción de dos hospitales y analiza posibles pagos simultáneos a docentes y funcionarios públicos.
La Contraloría General del Estado realizó auditorías y análisis sobre el manejo de recursos públicos en el departamento de Beni, entre ellos la entrega de fondos en avance a la Gobernación y alcaldías, posibles pagos simultáneos de salarios a docentes y funcionarios públicos, además de proyectos de infraestructura que presentan observaciones, informó en pasadas horas la contralora general interina, Sandra Quiroga.
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Uno de los casos bajo revisión corresponde a la entrega de altas sumas de dinero mediante la modalidad de fondos en avance a la Gobernación y distintas alcaldías. Según Quiroga, los informes de auditoría se encuentran en diferentes etapas: algunos están en elaboración, otros serán sometidos a procedimientos de aclaración y algunos ya están en proceso de dictamen.
La autoridad señaló que, una vez establecidos los resultados de las auditorías, corresponderá a las autoridades departamentales y municipales iniciar las acciones legales para recuperar los recursos observados.
A estas investigaciones se suman otros dos casos relacionados con un sistema de riego y un centro cultural, proyectos en los que la Contraloría identificó elementos que ameritan revisión por posibles daños económicos al Estado.
En el ámbito universitario, la entidad también indaga posibles pagos simultáneos de remuneraciones a docentes y personal administrativo que, además de trabajar en universidades, prestarían servicios en otras instituciones públicas.
A nivel nacional, Quiroga recordó que el caso de los radares surgió de una auditoría realizada por la unidad de auditoría interna del Ministerio de Defensa, con colaboración técnica de la Contraloría General del Estado.
La Contralora indicó que los informes emitidos por la institución cuentan con respaldo técnico y que, una vez establecidos los posibles daños económicos, corresponde a las autoridades competentes promover las acciones legales para determinar responsabilidades y procurar la recuperación de los recursos públicos.

