Cochabamba, Bolivia. Informe Especial: Los reclusos de El Abra no solo fueron víctimas de brutales torturas, sino también los esclavizaron para la fabricación de pupitres y muebles lujosos que beneficiaron a exautoridades y funcionarios, hoy detenidos, además de los exdelegados de los presos, entre ellos el asesinado Edgar Ariel Tancara.
Varios internos revelaron al Defensor del Pueblo cómo los golpeaban con bates, los asfixiaban con bolsas en la cabeza, cómo los violaban y obligaban a beber orín.
A 70 días de la matanza, la lista de los asesinos aún se demorará
LA PESQUISA SE DIVIDIó EN DOS VERTIENTES. POR UN LADO, LA IDENTIFICACIóN DE LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DE LOS ASESINATOS Y, POR OTRO, LA CORRUPCIóN DE AUTORIDADES QUE DEBíAN VELAR POR LOS RECLUSOS
Por: darynka sÁnchez a. OPINIÓN, Cochabamba
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Han pasado 70 días desde que el país amaneciera con la noticia de una matanza en el penal de máxima seguridad de Cochabamba. Ocurrió el domingo 14 de septiembre pasado, en el aniversario cívico de la Llajta. Mientras los habitantes de la ciudad del valle se preparaban para disfrutar de un feriado de lunes en familia, o con los amigos, una tremenda fiesta de dos días en la cárcel de El Abra terminaba en tragedia.
A eso de las once de la noche, cuando el gánster de Cochabamba y a la vez el mandamás de la cárcel, Édgar Ariel Tancara, bailaba al ritmo tropical de Nítido en la cancha deportiva del penal convertida en discoteca, unas seis personas vestidas de negro y con el rostro cubierto con oscuros pasamontañas irrumpieron armadas con pistolas y cuchillos para asesinar al delegado y a su séquito. Y lo lograron.
Habían planificado el crimen con tiempo de anticipación y si bien tomaron en cuenta que habrían algunos “daños colaterales” como las 11 personas que resultaron heridas, la muerte de un inocente como el bebé de 20 semanas de gestación y el linchamiento de un interno, no imaginaron que la matanza iba a destapar una caja de Pandora de la que continúan saliendo culebras de corrupción, extorsión, torturas, vejaciones y negociados.
La investigación fue abierta como el caso 591/2014 por los delitos de asesinato y lesiones graves, en primera instancia. Horas después de la matanza, cuando la Policía retomó el control del penal, los investigadores hallaron cuatro cadáveres de reclusos, tres delegados y un interno. El temible Édgar Ariel Tancara Sandagorda, de 36 años, yacía en la cancha deportiva con tres tiros en el cuerpo, una herida en el cuello y dos llaves incrustadas en el vientre y en uno de sus oídos.
Los hombres de confianza de Tancara, Humberto Gonzáles Sahonero, alias El Beto, de 36 años, y Gustavo Tovar Ramírez, alias El Pilas, de 34 años, también estaban muertos. En sus cuerpos, los internos también dejaron muestras de odio y venganza. Galletas en las bocas, llaves incrustadas, heridas de bala y de cuchillo.
El cadáver de Sergio Arze Araníbar de 30 años, alias El Lucifer o el Salvatrucha, como lo llamaban en el penal por haber integrado la Mara Salvatrucha 13, en Estados Unidos, no estaba en la cancha sino cerca del bloque de las habitaciones destinadas a las visitas conyugales. El no fue asesinado durante la matanza planificada, sino que fue linchado 45 minutos después, cuando un grupo de reclusos lo descubrió armado en el patio y dedujo que fue uno de los encapuchados.
Del quinto muerto se supo en el hospital Viedma. Era un bebé de 20 semanas de gestación que crecía en el vientre de su madre, Margarita Herrera Savia, una mujer que vendía comida en la fiesta y que a los 29 años tuvo que ser sometida a una histerectomía por el irreparable daño causado por un proyectil en su útero y en el abdomen. Le dieron 60 días de incapacidad. Otra mujer que salió herida fue Romina Yáñez Mérida, de 25 años. Ella bailaba con El Tancara cuando hubo la balacera. Un disparo le causó un trauma abdominal y hepático severo que también la dejó impedida por 60 días.
Un herido grave es Johnny Carlos Villarroel Sejas, de 30 años, que recibió varios disparos de Sergio Arze, cuando el primero intentó arrebatarle el arma que llevaba bajo su polerón, después de la matanza de los tres delegados. Villarroel salió de Terapia Intensiva pero quedó parapléjico.
Roberto Chávez Calvimontes, de 30 años, recibió un balazo en la pierna, Félix Ramos Condori, de 45 años, sufrió heridas contusas en el vientre; Ariel Marza Choque, de 28 años, sufrió dos disparos, en el antebrazo derecho y en el hombro izquierdo. Le dieron 45 días de impedimento. Lindomar Bejarano Durán, de 30 años, sufrió un disparo en el muslo y le extendieron 15 días de incapacidad. Rolando Vargas Fernández, de 38 años, fue apuñalado en el riñón y obtuvo 15 días de impedimento.
A Severino Galarza Gómez, de 55 años, le dieron un balazo en el esternón y 15 días de incapacidad. Javier Vargas Maita, de 28 años, fue herido de bala en el pecho y obtuvo 45 días de impedimento. Gonzalo Pereira Catata, de 36 años, fue golpeado con bates y piedras en el rostro y el cuerpo.
INVESTIGACIONES
Una comisión de fiscales, de policías, peritos en criminalística y un equipo multidisciplinario de los institutos de investigación forense de Cochabamba, La Paz y Sucre recibió declaraciones informativas de 544 reclusos; tomó, con cierto retraso, pruebas de absorción atómica para identificar a quienes dispararon la noche del 14 de septiembre.
También se efectuaron pericias genéticas en los 4 pasamontañas, en las armas blancas y en las de fuego halladas en la requisa en El Abra, para identificar elementos biológicos como cabellos, saliva, sangre y otros, además de pericias en el campo de la quimioluminiscencia de los objetos para recrear los patrones del dispersamiento de sangre en diferentes ambientes de El Abra.
Los peritos del IDIF procesaron la escena del crimen para elaborar un informe de planimetría, geoposicionamiento y fotografía forense. De igual forma se practicó una pericia balística para hallar e identificar las armas y proyectiles colectados en El Abra con los restos de proyectiles extraídos de los cadáveres de los fallecidos.
RESULTADOS DEMORAN
Identificar científicamente a los autores materiales de la matanza de El Abra demorará más tiempo debido a que procesar las pruebas de absorción atómica de 544 personas es difícil cuando el equipo (máquina) especializado en este trabajo solo puede analizar 25 hisopos al día y de cada recluso se obtienen al menos 9 hisopos.
Los resultados de las otras pericias también están en proceso, por lo que los investigadores policiales y fiscales se enfocaron este tiempo en otra vertiente de la pesquisa, que salió a luz cuando los internos se amotinaron exigiendo la presencia del ministro de Gobierno, Jorge Pérez.
En su presencia revelaron graves denuncias de corrupción, extorsiones y torturas que sumadas a la ambición y el anhelo de poder de un grupo, habrían derivado en la tragedia.
LOS OBSTÁCULOS
La investigación es seguida de oficio por la Fiscalía. Las familias de las víctimas mortales no formalizaron denuncia por los crímenes. El mayor obstáculo es el económico. Existen 377 fotografías tomadas de los actos investigativos, pero no pueden ser impresas o reveladas por falta de recursos. Los investigadores ni siquiera tienen una hoja bond para efectuar sus informes y todo debe salir de sus bolsillos.
Ligan a Tancara a 6 funcionarios
LA FISCALíA IMPUTó FORMALMENTE A TRES POLICíAS, A DOS MIEMBROS DE RéGIMEN PENITENCIARIO Y A UNA JUEZA. DOS ESTáN DETENIDOS EN LA CáRCEL DE ARANI, DOS TIENEN DETENCIóN DOMICILIARIA Y DOS AúN ESTáN LIBRES
Seis funcionarios públicos fueron ya imputados por diferentes delitos que están relacionados con lo sucedido el 14 de septiembre. Tres son miembros de la Policía, dos fueron parte de Régimen Penitenciario y uno es miembro del Tribunal Departamental de Justicia.
DENNIS MEJÍA
El exdirector de Régimen Penitenciario de Cochabamba Dennis Fernando Mejía Montenegro fue aprehendido el 17 de septiembre, tras un motín de los internos que exigieron la presencia del ministro de Gobierno, Jorge Pérez, para efectuar varias denuncias de abusos y corrupción. Uno de los internos reveló que “por derecho de piso” y para no ser asesinado ni violado dentro de la cárcel, tuvo que pagarle 30 mil dólares al exdelegado Édgar Ariel Tancara, alias El Tancara, delante de Dennis Mejía, quien no habría hecho nada para impedir la extorsión.
La Fiscalía aprehendió a Mejía, y su teléfono celular fue secuestrado. Pese a que intentó salir en libertad con diferentes recursos, Mejía permanece en la carceleta de Arani, mientras es investigado por la comisión de los delitos de concusión (recibir sobornos) e incumplimiento de deberes, que de acuerdo a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz tienen pena de cárcel.
Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones han ido surgiendo nuevos indicios en su contra que lo señalan por la comisión de otros delitos como permitir torturas y vejámenes dentro de las cárceles y la obtención de beneficios personales en razón del cargo.
Decenas de reclusos declararon a la Fiscalía que muchas veces, por carta y en forma verbal, le pidieron socorro a Mejía ante las torturas del séquito de Tancara, pero el exdirector de Régimen le entregaba las cartas al gángster y éste las leía delante de la población para luego someter a terribles castigos a los denunciantes. Otras denuncias que deben ser investigadas son el presunto abuso de los vales de combustible y del presupuesto para el traslado de reos a sus audiencias, que el Ministerio de Gobierno le asigna a Régimen Penitenciario, además de supuestas devoluciones de bienes incautados a reclusos detenidos por la Ley 1008, en complicidad con una exfuncionaria de Dircabi, a cambio de sumas económicas elevadas.
YURI DUK
El mayor de la Policía Yuri Abraham Duk Escóbar fue el gobernador de El Abra desde el año 2011 y estuvo en el penal el día de la matanza. Desde el 10 de octubre permanece recluido en la cárcel de Arani junto a Dennis Mejía, pese a que la Fiscalía le recordó al Juzgado de Sacaba que los imputados no debían estar juntos para no entorpecer las investigaciones.
La comisión de fiscales imputó a Yuri Duk por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y cohecho activo. Empero, la Fiscalía estudia ampliar la imputación contra el exjefe policial por los delitos de torturas y vejámenes, beneficios en razón del cargo y otros.
La fiesta de Urcupiña en El Abra fue planificada dos meses antes, pero Duk jamás solicitó que otras unidades policiales refuercen la seguridad. A la fiesta, que duró dos días, entraron 889 visitas adultas, de las cuales 278 eran varones y 611 eran mujeres, además de un número indeterminado de niños que entraron sin ser registrados en los libros.
El 13 de septiembre entraron en El Abra 241 adultos y el 14 de septiembre 648 personas. De estas cifras se deduce que un total de 1.433 personas (889 visitas y 544 reclusos, sin contar los niños) fueron custodiadas por únicamente 23 policías en un ambiente donde el alcohol, las drogas y las armas estaban presentes. En una requisa posterior a la matanza hallaron botellas de trago, latas de cerveza, 875 gramos de marihuana, armas de fuego, cuchillos, bates de béisbol, punzones y otros.
Las declaraciones de decenas de los internos y de los policías que trabajaban en El Abra implican a Duk en muchas irregularidades. Durante su gestión, según las declaraciones, el exgobernador del penal permitió el ingreso de alcohol, drogas, armas, celulares y otros objetos a bordo de vehículos de dos agentes que formaban parte de su gente de confianza. Los internos también revelaron que Duk no solo sabía de las torturas y vejámenes sino que las socapaba y, en algún caso, hasta las ordenaba. Un interno denunció a la Defensoría del Pueblo que cuando un juzgado conminó a Duk a que le emita un certificado de permanencia y conducta en el penal, el jefe policial se enojó tanto que ordenó a un delegado que torture al recluso. El delegado lo golpeó y le obligó a beber su orina. De todas formas, tuvo que pagar 1.000 dólares por el certificado.
Los internos también contaron que Duk cobraba entre 100 y 200 dólares por firmar los mandamientos de libertad o de salida de los internos. Los policías de El Abra declararon ante la Dirección de Investigación Policial (Didipi) que Duk les ordenaba que no revisen minuciosamente a las visitas mujeres, que no pregunten nada cuando veían ingresar camionetas o vagonetas particulares al penal, que no entren al recinto a hacer rondas y que no registren en los libros las salidas de Édgar Ariel Tancara a la oficina del Gobernador, donde se quedaban hablando a solas por una o dos horas.
A la hora de formar les advertía que si incumplían sus órdenes gestionaría sus cambios de destino a Cobija, Pando, o a Potosí con ayuda de su hermano que era ayudante del comandante general Wálter Villarpando. Otra irregularidad es la “limpieza” del kárdex de Ariel Tancara. En el archivo de El Abra, solamente existen felicitaciones por su buena gestión como delegado, pero no figuran, por ejemplo, las dos veces que Tancara fue sorprendido fuera del penal con permisos caducos de la jueza Yolanda Ramírez, en posesión de armas de fuego largas, uniformes y bebiendo con sus custodios.
En esas ocasiones, la Fiscalía se comprometió a investigar y la Policía a sancionar a los custodios. Sin embargo, para sorpresa de todos, el custodio con el que Tancara bebía en un local de la avenida América, el suboficial Alfredo Colque, continuaba trabajando en el penal y era parte del grupo de confianza de Duk, lo que evidencia quién mandaba incluso sobre las autoridades departamentales.
EMERSON GUTIÉRREZ
El subteniente de la Policía Richard Emerson Gutiérrez Cuéllar era oficial de planta en El Abra. Era la mano izquierda del exgobernador Yuri Duk en todas las irregularidades que se cometían al interior del penal, según declaraciones de los reclusos y otros efectivos. Fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo.
Aunque la Fiscalía pidió su detención preventiva en una cárcel, el 23 de octubre el juez de Sacaba Pablo Antezana ordenó su detención domiciliaria y le delegó al Ministerio Público la decisión del tipo de vigilancia que iba a tener. La fiscal Jhossy Arauco solicitó al comandante de la Policía, coronel Marcelino Mérida, que asigne dos custodios para Gutiérrez, pero Mérida le contestó que el juez debe ordenárselo. Gutiérrez no tiene vigilancia policial y se desconoce si continúa en su domicilio.
Los internos y otros policías revelaron que el Rututu Gutiérrez era uno de los oficiales que ayudaba a ingresar en su vehículo, un Toyota Rav 4, la mercadería prohibida. Gutiérrez decía que su carro necesitaba arreglos y entraba por el sector de la chapería. Tanto los internos como los policías confirmaron que Gutiérrez bebía todos los viernes con Ariel Tancara y su séquito en la Celda 1 y que en horas de la noche él ordenaba que se permita el ingreso de trabajadoras sexuales para participar de esas fiestas. “Yo mismo vi cómo lo sacaron ebrio hace un mes y medio del interior del penal”, sostuvo un policía. “ Después de la matanza, cuando Gutiérrez entró a El Abra, los reclusos le gritaban: ¡ya se te acabó la mamadera! Buscá tu cambio porque si te vemos acá te vamos a matar”, relató otro policía.
Según los agentes entrevistados en la Didipi, los otros policías que eran parte del equipo de confianza del gobernador Yuri Duk son Gregorio Condo, el suboficial Alfredo Colque, Huanca, Montaño.
GREGORIO CONDO
El suboficial segundo Gregorio Condo fue identificado por internos y policías como el brazo derecho de Yuri Duk. Era el comandante de guardia de El Abra y, según las declaraciones, compartía parrilladas y bebidas con Ariel Tancara y su grupo. Ya fue imputado por incumplimiento de deberes y otros delitos, pero el juzgado aún no le fijó fecha de audiencia.
Cuando otros policías intentaban hacer su trabajo de registrar el ingreso de vehículos particulares a El Abra, “Condo me decía que me ocupe de mis funciones y que todo entraba con autorización de Duk”, declaró un uniformado.
Otro confirmó que Condo entraba en el penal en su vehículo blanco e introducía mercadería ilegal en él. Condo era quien escoltaba a Ariel Tancara hasta la oficina del gobernador Duk con frecuencia y quien ordenaba que no se requise a las visitas que entraban fuera del horario permitido.
Un policía sostuvo que Tancara salía del penal en el carro de Condo. El suboficial solía enviar al resto de los agentes a vigilar la limpieza que hacían los internos o a otros servicios lejos de las puertas, para que varios carros entren escoltados hacia la cerrajería o la maestranza.
WENDY TEJERINA
La trabajadora social de Régimen Penitenciario Wendy Tejerina Lineo fue aprehendida en su oficina y enviada a su casa, el 18 de noviembre, con detención domiciliaria bajo custodia. Ella fue sindicada de haberse convertido en la mano derecha del exdirector Dennis Mejía y de cometer los delitos de beneficios en razón del cargo, tráfico de drogas al interior de El Abra, e incumplimiento de deberes. Los reclusos denunciaron que ella sabía de las torturas a las que eran sometidos y jamás los defendió ni cumplió su labor de cuidar del bienestar de ellos.
Los internos aseguran que la trabajadora social iba al penal unas tres veces por semana, “pero era para visitar a Ariel Tancara con quien mantenía una relación, todos los vimos, ella se quedaba en la conyugal con él”, aseguran. También la sindican de haber compartido bebidas alcohólicas con los delegados y de haberse beneficiado del trabajo de los reclusos.
YOLANDA RAMÍREZ
La jueza de Ejecución y Supervisión Penal 1 Yolanda Ramírez Mendoza fue imputada en primera instancia por el delito de incumplimiento de deberes, pero recién se le amplió la sindicación por el delito de beneficios en razón de cargo. Su audiencia cautelar está prevista para el próximo 2 de diciembre.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en su informe sobre lo sucedido en El Abra, pidió que se acelere la investigación contra la jueza Yolanda Ramírez. Los reclusos, en declaraciones al Defensor y a los investigadores, dijeron que la autoridad frecuentaba el penal y que incluso se quedó a dormir allá en dos ocasiones. En una audiencia, un recluso M.C. le pidió auxilio porque era torturado por Tancara y ella le respondió que no era el momento de hablar y no hizo nada por ayudarlo. El interno, desesperado, intentó suicidarse tomando lavandina. Los internos dijeron que ella le daba a Tancara las cartas de sus denuncias.
Historias de crueldad detrás del poder de la tortura en El Abra
Desde 2012, al hospital Viedma llegan reclusos con los huesos fracturados. Todos repiten el mismo argumento: se cayeron de su cama o jugando fútbol. Pese a que la tortura está prohibida en el mundo, sigue vigente en el penal. Internos narraron al Defensor del Pueblo cómo los golpeaban con bates, los asfixiaban con bolsas en la cabeza, cómo los violaban y los obligaban a beber su orín, para que paguen por ejercer sus derechos ”de piso”, a vivir y a no ser vejados, con el aval del exgobernador Yuri Duk, del exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía y la jueza Yolanda Ramírez.
En el penal de El Abra existe una frase corta que tiene el poder de estremecer de terror a cualquier interno. La Celda 3B. Ella es sinónimo de dolor, de sadismo, de humillación, de vejaciones, de torturas y de confinamiento. Un lugar que las leyes prohíben, pero que es permitido y alentado por la ambición de seres despiadados y crueles.
Todo interno nuevo que no paga su derecho de piso y de vida es encerrado en la Celda 3B, donde es sometido a una infinidad de vejámenes por los delegados de disciplina hasta lograr que accedan a dar los números telefónicos de sus familiares, a quienes los delegados exigen sumas que van entre los 200 a 10 mil dólares para que su ser querido no desaparezca ni continúe siendo golpeado.
Las historias de torturas en El Abra son innumerables. El penal está lejos de ser un recinto modelo como pregonan sus delegados. A pesar del asesinato del gángster de la Llajta, Édgar Ariel Tancara Sandagorda, hace 70 días, los internos continúan viviendo con miedo y siendo víctimas de brutales golpizas.
Hace unos diez días, dos internos llegaron al Viedma con fracturas, policontusiones, hematomas. Los dos dijeron que se cayeron de su cama. No hay que ser médico para darse cuenta que ese tipo de lesiones no ocurren al caerse de una cama o jugando fútbol. Pero los reclusos mantienen su versión y las autoridades no dicen ni hacen nada al respecto.
La comisión de fiscales que investiga la matanza en El Abra ya solicitó al hospital Viedma la nómina de los reos que llegaron heridos en los últimos dos años, además de sus diagnósticos e historias clínicas. Extraoficialmente se sabe que de enero a agosto de 2014 son al menos 49. De comprobarse que sus lesiones fueron provocadas, el Ministerio Público estudia ampliar la imputación contra el exgobernador de El Abra Yuri Duk, el exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía y la jueza de Ejecución Penal Yolanda Ramírez por permitir vejaciones y torturas contra detenidos.
El artículo 295 del Código Penal establece que “será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido. Si éstas causaren lesiones, la pena será de reclusión de dos a seis años y si causaren la muerte, la pena de presidio será de 10 años”.
LAS ÓRDENES DE DUK
La Defensoría del Pueblo logró reunir varios testimonios y pruebas que demuestran que en El Abra, la tortura y los vejámenes eran el pan de cada día. Uno de esos testimonios apunta al exgobernador Yuri Duk como el autor intelectual y encubridor de los abusos.
El informe de 56 páginas presentado por el Defensor del Pueblo el 14 de noviembre relata que un privado de libertad denunció que intentaba obtener su Certificado de Permanencia y Conducta del penal, pero el exgobernador Yuri Duk demoraba la respuesta. El interno logró que un juzgado conminara a Duk a entregarle su certificado, pero la autoridad policial, molesta, ordenó que el interno sea castigado en la Celda 3B, sin derecho a comunicación con su familia y bajo la vigilancia de un delegado de disciplina de Tancara, quien no solo lo intimidó y golpeó físicamente, sino que además le hizo beber su orín. Todo, para obligarle a pagar mil dólares americanos, a cambio del documento solicitado.
El Defensor del Pueblo concluye en su informe, entregado a la Fiscalía, que “el maltrato no provendría únicamente de parte de los delegados internos y de disciplina que eran parte del control; sino que además sería infligido por las autoridades penitenciarias, quienes habrían actuado en complicidad con los primeros”.
EL “PLACER” DE TANCARA
Las golpizas en la Celda 3B eran de película a los internos nuevos que no pagaban. “No los dejaban dormir, los tenían parados toda la noche o lavando ropa, o haciendo limpieza del penal. Si no conseguían dinero, se quedaban trabajando de 7 a 8 meses en lo que les mandaban hasta pagar su deuda con los delegados. Pero nadie aguantaba tanto porque las golpizas eran muy fuertes, venían Gustavo Tovar, alias El Pilas, y Humberto Gonzales, alias el El Chila Tigre, o El Beto y les daban con bates de béisbol hasta hacerles desmayar, todo dirigido por el señor Tancara que gozaba, tenía un placer al ver las golpizas que hasta llegaba a babear”.
COLUMNA FRACTURADA
Otro interno que aceptó hablar con el Defensor del Pueblo relató que él también fue a parar a la Celda 3B.
“A mí me pidieron muebles, pero no tenía con qué hacerlo. Con esa presión yo preocupado andaba y llegó el día que me dieron de plazo y les he dicho, no tengo nada. Me han dicho eres un hijo de p… y me han golpeado duro con bates, puñetes y patadas, en el piso de la carpintería. No sentía mis pies y les he dicho. Así es que me han fracturado mi columna vertebral, ahorita yo estoy operado de la columna vertebral. Antes de que me lleven al hospital me han ordenado: les vas a decir que te has hecho jugando o levantando madera. Levantas mi nombre, su nombre de él o cualquier nombre de los delegados y al volver vas a estar cag…, sabemos dónde vives, cuántos hijos tienes, cuántas hermanas tienes, todo. Por eso en el hospital yo dije que al levantar madera me fracturé, porque si hablaba la verdad iban a tomar represalias contra mis hermanas”.
“LE TENÍA TERROR”
“A mí me han golpeado, casi me parten las costillas en la Celda 3B y me han bolseado, es decir, me han puesto una bolsa nailon a la cabeza para que me asfixie. Yo les decía ¿de dónde? si hubiese tenido les daría, pero no entienden. Yo solo pensaba cómo reunir esa plata. Tanto me han golpeado que siempre estaba asustado, cada vez que Tancara me miraba, yo lo veía con terror”.
“NO AGUANTABA”
“Yo he conseguido dinero, rápido, porque no podía soportar las golpizas con los bates, es muy doloroso. Estuve como tres días en la 3B. Si uno quiere reaccionar te muelen hasta la noche”.
CASI ME AHOGAN
A mí me dieron 15 días para pagar y me embolsaron, me trataron de ahogar con bolsas llenas de agua, me agarraron a palos, me llevaban de un lado para otro, no había más que hacer, oración, y al final tuve que llamar a mi esposa. Cuando comprobaban que el dinero se iba a concretar mandaban a sus mismas mujeres, ellas iban y recogían el dinero o había que depositarlo a nombre de ellas en cuentas bancarias”.
USABAN A PERROS
“De entrada te hacen dormir en el piso, en un colchón viejo o unas camas sucias y con perros, que se duermen encima de ti y se orinaban o te muerden. Si roncabas te echaban con agua. De día tenía que lavar ropa de otras celdas. Te bateaban (golpeaban con bates). Era presión hasta que pagues, sí o sí. No hay la palabra no. Es una tortura tremenda que no se puede soportar.
ACÁ ESTÁN TODAVÍA
“A mí también me han pegado El Tancara, El Beto, pero no eran los únicos. Los otros están aquí y todavía nos amenazan. Nos sacaban plata y no entendían que no teníamos de dónde conseguir sin trabajo y si la familia te abandona”.
ENSALADA A VIOLADORES
“A los internos que llegaban como sospechosos de violación, por el código 308, El Tancara los hacía violar. Les hacía la ensalada, es decir, les hacía meter por el trasero zanahorias, pepinos, palos, botellas y los presionaba a que pagaran entre 2 mil a 3 mil dólares como seguro de vida. Mientras no pagaban los seguían violando”.
¿A QUIÉN DENUNCIAR?
La tortura se convirtió en El Abra en un mecanismo para mantener el control interno y asegurar el pago efectivo del “seguro de vida” y “derecho de piso”, pero esto no habría sido posible sin contar con el respaldo cómplice de algunas autoridades que en lugar de frenar los abusos, los ignoraron e incluso los ordenaron, según el informe defensorial.
Un interno aseguró que el mismo Ariel Tancara advertía que en El Abra, en algún sector de las cinco hectáreas de superficie, habían internos muertos y enterrados por hablar más de la cuenta. “Se daba el lujo de decir: ustedes saben que aquí hay muertitos, la ley soy yo aquí, ni el juez ni nadie manda, yo mando aquí”.
Otro interno entrevistado por el Defensor del Pueblo aseveró que no podían acudir a ninguna autoridad administrativa o judicial, no solo por las amenazas de muerte, sino porque estas autoridades eran cómplices de los delegados.
“No había forma. Los que entregaban cartas de denuncia de las torturas a Duk, a Mejía o a la Yolanda estaban fritos porque las cartas llegaban a manos del Tancara y él las leía delante de todos para luego castigar a los denunciantes”, dice un interno.
Otro asegura que era en vano porque quienes se animaron a quejarse al gobernador, a la jueza o al director de Régimen, mediante algún documento, descubrieron después que todas las denuncias iban a parar a las manos de Tancara. “¿Conque habían querido quejarse no? Con nombre y apellido sabía quién se había quejado. Y era peor todo, los castigos, las extorsiones. Delante de toda la población les bateaba”.
“¿Las denuncias? Hay muchos internos que han hecho llegar. Uno en audiencia le ha dicho a la jueza Yolanda Ramírez, pero ella le ha respondido que no era el momento de hablar de las torturas. Ese muchacho ha llegado de su audiencia y se tomó lavandina, quiso matarse porque no había a quién pedir auxilio”, le contó un interno a este diario poco después de la matanza.
La Defensoría del Pueblo cuenta con al menos 10 casos de torturas documentadas con certificados forenses, informes radiológicos, informes médicos y consultas traumatológicas.
Los reclusos pacientes señalaron ante esta instancia que sus lesiones se debían a las agresiones ocasionadas por Tancara y sus delegados. Entre los torturados figuró Sergio Arze Araníbar, alias El Lucifer.
AUTORIDADES SABÍAN
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó un informe sobre estos abusos y la supuesta complicidad de las autoridades al director nacional de Régimen Penitenciario en julio de 2014 y a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, pero ninguna de estas instancias le dio respuesta hasta la fecha. Si se hubieran tomado los recaudos necesarios, quizás la matanza del 14 de septiembre se habría podido evitar, lamentó Villena.