El dinero de la campaña electoral es venezolano; también el helicóptero en el que se traslada, los cheques y los equipos de carnetización, motivos mas que suficientes para que el guisado huela mal.
El gobierno ejecutó la carnetización masiva a través del programa «Existo yo, existe Bolivia» (Foto La Prensa)
Algún lector medianamente suspicaz, llevado por las apariencias muy bien podría acusarnos de tener una fijación respecto a Hugo Chávez. A cualquiera le pasaría si no está al tanto de los niveles de subordinación que ha alcanzado el presidente Morales respecto a su alter ego venezolano.
La plata de la campaña electoral de Evo es venezolana; venezolano es el helicóptero en el que se traslada diariamente a varios puntos del país; venezolanos son los pilotos; venezolanos son los cheques que distribuye a los municipios y venezolanos son también los equipos que se utilizaron para la campaña “Existo yo, existe Bolivia” destinada supuestamente a carnetizar a todos los bolivianos que por diversas circunstancias se hallaban indocumentados.
No se trató de una campaña filantrópica sino de un mecanismo que tenía objetivos políticos muy concretos: elevar la votación a favor del gobierno en los referéndums revocatorio y constitucional. Se entregó carnets o cédulas de identidad no a cualquier persona sino a los simpatizantes del MAS. No es casual que el 50 por ciento de los inscritos observados corresponda al departamento de La Paz, feudo político de Evo.
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Esta es la madre del cordero y el origen de las más de 400 mil personas que se inscribieron en el Padrón Biométrico con el carnet de identidad y que no tienen certificado de nacimiento. No se entregó el carnet a los indocumentados sino que se duplicó, triplicó y cuadruplicó la identidad de potenciales votantes masistas.
Si este proceso hubiera tenido buenas intenciones lógicamente debió comenzar por la entrega de certificados de nacimiento que es el documento que da cuenta de nuestra existencia para luego recién proceder con los carnets de identidad.
Se sabe que la correcta identificación de todos los bolivianos es una tarea pendiente pero decir que 400 mil personas, es decir casi el 8 por ciento del potencial electoral, no están inscritos en el Registro Civil y en consecuencia no cuentan con un certificado de nacimiento resulta muy dudoso.
Por los 400 mil inscritos observados, el gobierno se desgarra las vestiduras y amenaza al Órgano Electoral, a través del ministro de Defensa, Walker San Miguel (foto Abi)
El Registro Civil fue creado el 26 de noviembre de 1898 pero hay que reconocer que hasta muy entrado el siglo XX, el certificado de bautismo seguía siendo aceptado como una fe de nacimiento. En 1945 se dispuso que obligatoriamente todas las personas que disponían solo del certificado de bautizo debían inscribirse en el Registro Civil y obtener su certificado de nacimiento.
Como se ve el afirmar que estas 400 mil personas solo dispondrían de un certificado de bautismo porque son originarias de las áreas rurales, suena a burla dado que la inscripción obligatoria en el Registro Civil rige desde hace varias décadas atrás. No es creíble tampoco que los padres de esas 400 mil personas fueran tan irresponsables que las dejaron así, a la buena de Dios, entre la existencia y la no existencia.
Lo que pasó es que se entregó carnets de identidad truchos o falsos a estas personas con la única finalidad de que acudan a votar a favor del MAS. Se lo hizo de la forma más irresponsable, como la diputada Ninoska Lazarte lo demostró en varias oportunidades. Debe recordarse también que en una ocasión se descubrió un domicilio en la zona de Achumani en La Paz, donde se descubrieron cédulas que eran entregados al margen de toda norma, sin que el servicio de identificación de la Policía tuviera participación alguna. Este recinto estaba controlado por Jorge Loza, ex militante de Condepa, ex dirigente de la COB representando a los trabajadores en radio y televisión y ahora activo masista.
En suma, si se trata de indagar por el origen de los 400 mil inscritos observados, además de otras graves irregularidades que van apareciendo, no hay que ir muy lejos ni investigar demasiado.
El asunto ahora es cual será la determinación que frente a las presiones y amenazas del gobierno, asumirá el Órgano Electoral. Lo que corresponde es que esas 400 mil personas, si realmente existen en carne y hueso, no puedan votar con los documentos que les fueron entregados en forma irregular. No se les estará privando del ejercicio de ningún derecho. Es seguro que lo podrán hacer con sus documentos originales, pero no podrán hacerlo dos, tres o cuatro veces como le gustaría al gobierno para poder alcanzar sus míticos dos tercios.