Marcelo Ostria Trigo
El índice de libertad económica 2015, publicado por Heritage Foundation, ratifica que América Latina tiene, en este campo, pobres indicadores. En muchos casos, porque se insiste en modelos que no admiten que la libertad económica es “un componente crucial de la libertad, que hace posible que la gente trabaje, produzca, consuma, posea, comercie e invierta de acuerdo con sus decisiones personales”.No es casualidad que los países con gobiernos intervencionistas en la economía figuren en los últimos lugares entre los 178 considerados en este estudio. Venezuela (176) y Cuba (177), solo tienen por detrás al último de la lista: Corea del Norte (178), mientras Nicaragua (108), Ecuador (156), Bolivia (163) y Argentina (169) comparten el grupo de los que reprimen la libertad económica.Milton Friedman observaba: “La historia habla con una sola voz de la relación entre la libertad política y el libre mercado. No conozco ningún ejemplo de una sociedad que se haya caracterizado por su gran libertad política y que no haya empleado asimismo algo parecido al libre mercado para organizar la mayor parte de su actividad económica” (citado por Ian Vásquez. La función central de la libertad económica en una democracia). A propósito, Vásquez afirma, ciertamente con razón, que la libertad económica “no es solo un fin en sí mismo, sino que sustenta las demás libertades. Cuando la elección personal, el intercambio voluntario y la protección de la propiedad privada no están asegurados, es difícil imaginar cómo se pueden ejercer de modo significativo la libertad política o las libertades civiles”.Debe tomarse en consideración, entonces, que hay una constante: a mayor libertad económica, mayor desarrollo y progreso. Esto se obtiene cuando se preserva el Estado de Derecho, se respeta el derecho a la propiedad, se garantiza las inversiones privadas, se asegura la libertad de comercio con la apertura de los mercados, es decir, un sistema que haga posible a una nación competir en el mercado mundial. Todo esto complementado con una eficaz lucha contra la corrupción, que, como se sabe, es también la antesala del crimen organizado y del narcotráfico.Superar lo que se opone al desarrollo y al bienestar no se consigue con un Estado interventor, prebendalista y desmesurado. Requerimos cambiar de conducta pública para superar nuestros bajos índices en el grado de libertades democrática y económica, reduciendo el intervencionismo tan perjudicial al crecimiento y al progreso de las iniciativas ciudadanas.El Deber – Santa Cruz