Subeditorial Los Tiempos
Al juicio de responsabilidades que afronta por los hechos de Octubre Negro, a la investigación judicial iniciada por la supuesta compra irregular de vehículos de lujo en la Prefectura cochabambina, y a otras varias denuncias conocidas en los últimos meses, se ha sumado recientemente una acusación de falsedad material en la que habría incurrido el ex alcalde y ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, candidato presidencial en las últimas elecciones generales del 6 de diciembre.
Las denuncias contra Reyes Villa arreciaron poco antes de los comicios de diciembre pero sobre todo después del triunfo del MAS en las urnas, y ha sido el propio Presidente de la República, reelecto por un nuevo período, el encargado de anunciar que a su rival opositor le espera la cárcel, tal y como hoy sucede con quien fuera su acompañante de fórmula, el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
Independientemente de que las denuncias sean ciertas o no, y al margen de que la ex autoridad hubiera incurrido en actos ilícitos cuando le tocó administrar bienes públicos, lo cierto y evidente es que el oficialismo ha fijado su puntería en Manfred Reyes Villa, contra quien ha empezado una agresiva descarga de la artillería política con que el MAS suele tratar a sus circunstanciales rivales.
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Es, pues, otro ejemplo de la judicialización de la política, en el que los mecanismos encargados de investigar y administrar justicia –el Ministerio Público y los jueces–, pero sobre todos los primeros, parecen estar actuando como una suerte de brazos políticos de los gobernantes de turno.
No de otra manera puede entenderse que determinados fiscales actúen con extremada celeridad en ciertos casos que son de interés político del gobierno, y obren con abierta negligencia, si no desidia, en otros que no son de su conveniencia.