Más de 500 bolivianos, hombres y mujeres, sufren en las cárceles chilenas. Hay embarazadas. En su mayoría fueron contratadas como “burreros” o correos humanos para transportar drogas, se trata de personas de estratos humildes y bajo compromiso delictual.
El Día. A las bolivianas Ester Jaldín (24), Juana Andrade (26) e Isidora Carvajal (32) ya no les quedan lágrimas y están resignadas a su encierro en la cárcel de Iquique. Todas fueron detenidas por tráfico de drogas y no sólo dejaron hijos en su tierra natal, sino que también dieron a luz en Chile, porque cuando fueron detenidas estaban embarazadas.
Ellas, al igual que 396 bolivianos y 163 bolivianas, forman parte de las historias de dolor que se ocultan en los encierros de las cárceles de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, las cuales registran un aumento en la cantidad de extranjeros según explica la secretaria regional ministerial de Justicia, Carolina Fernández Alvear. Señala que en su mayoría se trata de personas de estratos humildes, bajo compromiso delictual y que fueron contratadas como “burreros” o correos humanos para transportar drogas.
El 23% de la población penal de la Primera Región es extranjera y de ella el 84% es boliviano, concentrándose en Pozo Almonte donde incluso llegan a ocupar el 54% de las plazas de ese penal.
A diferencia de los presos chilenos, los bolivianos casi no reciben visitas, puesto que para sus familias resulta muy caro trasladarse hasta Chile. Eso significa, por ejemplo, no tener ropa y menos aún alimentación extra o útiles de aseo. “En las cárceles siempre sobra comida, más aún los días de visita; sin embargo, en Pozo Almonte las ollas regresan vacías”, comenta el director regional de Gendarmería, coronel Carlos Bustos Hofmann, quien añade que los bolivianos son generalmente disciplinados y obedientes, con poco compromiso delictual y gran habilidad para realizar trabajos artesanales.
El alcaide de Alto Hospicio, teniente coronel Germán Fuentealba Espina, agrega que tienen buena conducta y no se genera segregación por nacionalidades u origen, aunque entre las personas de la misma nacionalidad tienden a unirse y celebran sus fiestas patrias y organizar eventos.
Tanto los oficiales de Gendarmería como la seremi de Justicia, identifican más problemas sociales que delictuales en el caso de los extranjeros. La mayoría de los condenados extranjeros ingresó al país en forma ilegal; por lo tanto, están como indocumentados y no puede -por ejemplo- ser contratados por la concesionaria de la cárcel para trabajar al interior del penal.
También se les hace más complicado acceder a cursos, porque no tienen cómo acreditar estudios y la dirección provincial de Educación es extremadamente rigurosa.
En otros casos sus familias se trasladan hasta Chile para acompañarlos, pero tras cumplir la condena los extranjeros son expulsados del país y sus parientes no quieren irse. “Me ha tocado ver varios casos donde la familia se establece en Chile, los hijos ingresan a la escuela y reciben protección social, otros trabajan y se acostumbran, pero cuando el familiar sale de la cárcel es expulsado del país y la familia ya no desea irse, generándose otra vez una crisis al interior de esa familia”, señala Fernández / Estrella de Iquique
396 hombres son bolivianos detenidos en Chile. También hay 163 bolivianas.
Concejal plantea el traslado de detenidos a Bolivia
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El presidente del Capítulo Iquique de la Comisión Derechos Humanos, concejal Flavio Rossi (PS), visitó recientemente la cárcel de esa ciudad para evaluar la problema de abandono que afecta a las presas extranjeras, especialmente a las bolivianas.
“La idea es poder hacer un intercambio y enviarlas a su país. Incluso, me dieron una carta para enviarla al presidente boliviano Evo Morales para pedir el traslado. Lo ideal sería que se pusieran de acuerdo ambos gobiernos para que ellas puedan cumplir la pena de cárcel en Bolivia. Es una situación que en otras oportunidades se ha realizado. Es una petición factible”.
El concejal señaló que por su condición de ingreso ilegal, la mayoría de los presos extranjeros tampoco pueden acceder a revalidar estudios o trabajar en los mismos penales, a los que se suma “el dolor y la carga emocional de no recibir visitas”.
Terminan abandonados entre rejas a la espera de ayuda.