Debemos mencionar la propuesta de un “supragabinete” con el marbete de “Control Social” para controlar y fiscalizar a los poderes públicos…
Editorial La Prensa
En toda democracia, la soberanía reside en el pueblo y éste, conviene recalcarlo, en términos políticos, es la masa ciudadana que define en las urnas quién o quiénes deben gobernarlo en determinada dirección ideológico-programática.
Otro de los principios de vigencia universal que caracterizan a la democracia es que nada ni nadie puede desconocer o invadir el referido campo, espacio inalienable e imprescriptible, desde el cual deben regir sólo los elegidos por el pueblo en forma libre y democrática, en el marco de la independencia y coordinación de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Lamentablemente, en los últimos días, desde el Gobierno se adelantan iniciativas que de ser ejecutadas darán al traste con tan elementales principios, poniendo en serios aprietos la funcionalidad del sistema institucional del país.
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Entre otras, debemos mencionar la propuesta de crear un “supragabinete” con el marbete de “Control Social” para que controle y fiscalice a todos los poderes públicos del denominado “Estado Plurinacional”. Se precisa que aquél sería un órgano “paralelo” al Consejo de Ministros.
Semejante similitud conduciría a inevitables y permanentes intríngulis entre ministros designados por el Jefe de Estado y cuantos los denominados “movimientos sociales” instalen en el “Supragabinete”. Eso de “paralelo” supone que para estos últimos regirán las mismas atribuciones que la Constitución Política del Estado fija para los ministros de Estado, entre las que figuran la de proponer y coadyuvar en la formación de políticas generales de Gobierno y las de sus respectivos sectores, así como definir las respectivas normas administrativas, entre otras. O sea que el presidente Evo tendría a un lado a los miembros del gabinete elegidos por él mismo, y al otro al gabinete “paralelo” nominado por aquellos inefables “movimientos sociales”.
Nos imaginamos los problemas que confrontaría el Ejecutivo si el “Supragabinete” le sugiere rumbos contrapuestos a los que el propio Mandatario señale a los miembros de su equipo de inmediatos colaboradores.
Y todo, a título de un “Control Social” que no es tal, sino circunscrito, en cuanto a representación se refiere, a un determinado sector de la colectividad, como son las estructuras sindicales y comunitarias que el partido de Gobierno enganchó a su estructura de poder político.
Para los poderes públicos de Estado rige un sistema de pesos y contrapesos que impide que alguno de ellos haga lo que no debe. El Legislativo controla y fiscaliza al Ejecutivo en el marco procedimental que fijan la Carta Magna y las leyes reglamentarias. Ni el Poder Judicial ni el Electoral escapan a la fiscalización en el marco de la coordinación de poderes.
Así que lo del extravagante “Supragabinete” está de sobra. El Gobierno debiera hacer conciencia no sólo de esto, sino del riesgo que le significa, en materia de gobernabilidad, semejante iniciativa.